¿Para dónde vamos?

Se puede afirmar sin temor a error que todas las provincias están emparejadas en el nivel de incertidumbre que se atraviesa respecto al plan económico-financiero nacional y al mapa de desarrollo en el que se las integra o no. El conflicto de intereses en torno al recurso internacional más codiciado de la modernidad, el petróleo, es probablemente el primer gran termómetro con el que se medirá los planes del actual gobierno de “Cambiemos”. Esta semana las arduas negociaciones que llevó adelante el gobernador Mario Das Neves, se caracterizó por una clara dosificación de los reclamos en el marco de un diálogo “light” y despolitizado, como el que popone por ahora el macrismo.”No se puede patear el tablero de entrada. Hay cuatro años por delante, y además hay que lograr objetivos”, confesaba una fuente cercana al gobierno provincial.
Desde Nación en cambio, hacían sentir su nueva autoridad para barajar y dar de nuevo en cada sector: «Se resuelve con menos horas extra, Chubut resignando regalías y subsidio de la Nación», simplificó el ministro de Energía, Juan José Aranguren, al considerar la solución “express” al conflicto en Chubut por la caída de la actividad hidrocarburífera. Las compañías, en tanto, deberán «aceptar que van a tener que perder, al menos temporalmente, por el crudo que van a exportar al actual precio internacional». La pregunta es ¿estarán dispuestas a ´perder´ las empresas, o apuntarán a escenarios más benevolentes en términos de coyuntura para apuntar inversiones, como el mexicano, por ejemplo?
Según la ecuación de Aranguren el problema «se va a empezar a resolver al menos en la mitad del volumen que se exporta a partir de una inversión que está haciendo YPF: a partir de julio va a poder tomar en su refinería de La Plata unos 20 mil barriles del crudo pesado que produce Chubut, y que es demandado por sólo tres refinerías locales». Sobre el impacto en el país por la baja del precio de los hidrocarburos, el ministro tiene claro que esa tendencia afecta en función de las inversiones que el país necesita para recuperar su autoabastecimiento y no depender de la importación, pero insistió en que «también afecta positivamente, ya que en esa factura de importación a la que tenemos que hacer frente disminuye su valor por la disponibilidad más barata de los energéticos en el mundo». El ministro rechazó, por otra parte, que se vaya a importar naftas, para aprovechar la baja de precio internacional de los hidrocarburos.

Algunas coordenadas

Como sea, el ´Plan´ económico completo no se conoce, pero hay indicios a tener en cuenta que marcan el rumbo. Tal como analiza Daniel Artana desde Ámbito Financiero, Luego de la rápida liberalización del cepo cambiario para nuevas transacciones y de la ejecución de medidas comprometidas en la campaña electoral se fueron conociendo a través de anuncios o de decisiones los lineamientos faltantes del programa económico.
En materia fiscal se anunció la eliminación en cuatro años del elevado déficit primario heredado de la administración K, mientras que el déficit total pasaría de 7.5% del PIB en el año 2015 a 2.3% en 2019. Al anunciarse también el objetivo de alcanzar una inflación de un dígito anual en 2019 se puede inferir cuánto de ese desequilibrio fiscal sería financiado por emisión monetaria; el resto deberá ser atendido con endeudamiento neto por encima de los vencimientos de capital.
Suponiendo que el Gobierno ha proyectado una tasa de crecimiento de la economía de 4,5% al año desde 2017 en adelante, si se cumplen los objetivos fiscales y de inflación sería necesario emitir deuda nueva por alrededor de 13% del PBI en cuatro años (algo más de u$s 60.000 millones). Suponiendo que se puede financiar en el mercado local de capitales un tercio de esa cifra el Gobierno necesitaría colocar en el exterior algo más de u$s 40.000 millones (u$s 27.000 en los dos primeros años). En caso de no poder acceder a ese financiamiento a tasas de interés razonables habría dos alternativas: reducir más agresivamente el déficit fiscal o tolerar una inflación más alta que la proyectada.

Punto por punto

No se conoce el detalle de cómo el Gobierno espera cumplir con sus objetivos de reducción del déficit fiscal más allá de que el recorte de subsidios a la energía aportaría 1,5% del PBI en 2016 y 1% en 2017, y una disminución de gasto considerado superfluo aportaría 0,8% adicional del PBI este año. Sin embargo, en una economía en crecimiento mantener el gasto en términos reales permite un ahorro medido como porcentaje del PBI. Dado un gasto nacional neto de transferencias automáticas a las provincias del orden de 27% del PBI, un crecimiento de 4,5% real al año aportaría un «ahorro» de 1,1% del PBI por año. De todas maneras, subsisten varios interrogantes:
.La reducción del déficit desde 2017 en adelante proyectada es de 1,5% del PBI, mayor al 1,1% mencionado. Además ese ahorro no daría espacio alguno para reducir la elevada presión tributaria.
.El peso de salarios y jubilaciones del orden del 50% del gasto nacional neto de transferencias automáticas implica que o bien no puede haber aumentos importantes de sueldos estatales y jubilaciones en términos reales durante cuatro años, o que habrá que realizar recortes en la otra mitad del gasto nacional por encima de la reducción anunciada de subsidios a la energía.
El Gobierno no ha explicitado su programa de inversión pública, pero ha sugerido que piensa aumentarla. Ello pone más peso a los recortes en el gasto corriente.
El objetivo de recortar el déficit en 1,5% del PBI en el año 2017 cuando tienen lugar las elecciones de medio término luce optimista. De todas maneras, se podría avanzar si las quitas de subsidios a la energía previstas para ese año se adelantan para el primer trimestre del año, lejos de la fecha de la elección.
En resumen, sin un programa de reformas estructurales que permita reducir el elevado gasto corriente el Gobierno enfrentará algunas dificultades para cumplir con su programa fiscal, aun si la economía crece a tasas elevadas. Obviamente, el desafío es todavía mayor si se crece menos de lo esperado, lo cual es posible dado el escenario regional e internacional adverso para la Argentina. Además, la estrategia de financiar un alto déficit en parte con endeudamiento externo es riesgosa y condena al sector transable de la economía a convivir con un tipo de cambio real atrasado.
Respecto de reformas que mejoren la competitividad de la economía, los avances se limitan a la eliminación/reducción de impuestos a las exportaciones y de las restricciones cuantitativas a exportar y a la eliminación del cepo cambiario. Los avances han sido escasos (incluso hubo algunos retrocesos) en otros campos.
Tras años de economía cerrada por la coexistencia de aranceles a las importaciones elevados y restricciones cuantitativas que no significaron una mejora de la producción industrial luego que se desvaneciera el tipo de cambio depreciado del período 2002-2007 (de hecho el nivel de producción industrial es hoy similar al de ocho años atrás), la administración actual avanzó muy lentamente en eliminar las restricciones más groseras. Se mantienen licencias para alrededor de 7% de las posiciones arancelarias que se suman a la presencia de aranceles altos. La negociación de un tratado de libre comercio entre el Mercosur y Europa podría avanzar hacia un mercado más abierto pero ello no tendrá efecto inmediato.

Los subsidios que quedan

Otros sectores siguen favorecidos por subsidios. Por ejemplo, no se modificó la protección a las armadurías instaladas en Tierra del Fuego que fue aumentada en 2007 para algunos productos en forma grotesca al agregar impuestos internos que se pagan en el resto del país a los beneficios en el IVA y en el Impuesto a las Ganancias. Eso genera un subsidio al capital que es varias veces superior a la inversión que realizan las empresas que se favorecen con la exoneración impositiva.
Se redujo el precio en dólares del llamado barril «criollo» de petróleo pero aún sigue muy por encima del precio internacional, y en el caso de los biocombustibles se amplió el porcentaje obligatorio que debe mezclarse en las naftas y gasoil, lo cual se traduce en un subsidio a los productores de azúcar. Proteger sectores como instrumento de desarrollo es una estrategia condenada al fracaso. Y si la elección pasa por mercados más abiertos y desregulados es necesario que los actores tengan claro el objetivo de mediano plazo y cómo se caminará hasta alcanzarlo. Por ahora, la señal que emite la política oficial es que se mantendrán protecciones y subsidios encubiertos elevados, sin que haya señales de mayor competencia y precios que se acercan a los internacionales. Habrá que ver…

Funtes: Mitre, NA, Ambito Financiero, propias