La Emergencia de Transporte se votaría esta semana

A partir de que la protesta llevada a cabo por los choferes de la empresa Benítez Bellini interrumpiera el servicio de colectivos durante 8 días, el municipio se encuentra evaluando la aplicación de la Ley de Emergencia en materia de transporte, la cual será analizada por el Concejo Deliberante y votada en los próximos días. De este modo, los sucesivos reclamos por las deficiencias en el transporte público de Puerto Madryn tomaron estado público a partir de las quejas de los usuarios, que se vieron plasmadas en la reunión que los ediles mantuvieron con representantes de varias Juntas Vecinales la semana pasada.

La empresa podría perder la concesión

Según trascendió de fuentes legislativas, una de las principales cuestiones que el proyecto de ordenanza remarca es que la empresa Benítez Bellini presta el servicio de transporte desde hace más de 20 años en la ciudad, y que el crecimiento demográfico de la misma no ha sido acompañado por una necesaria mejora en el servicio. Por tal motivo, el proyecto buscará la regulación de la emergencia en materia de transporte público a fin de “garantizar el servicio y realizar los ajustes que fueran necesarios para una correcta prestación”. Las circunstancias que rodean el conflicto entre la empresa concesionaria y sus empleados, dentro de los que se encuentran los choferes, mecánicos y personal administrativo, podrían determinar el cese de la concesión de la misma, lo que daría lugar a que otra empresa deba prestar el servicio.

El municipio determinaría las nuevas tarifas

En caso de aprobarse la ordenanza, la Emergencia en Transporte regiría por el plazo de un año, a partir del cual se dejarían sin efecto las adjudicaciones existentes actualmente y dando prioridad a las empresas con sede en la ciudad de Puerto Madryn. A su vez, el Departamento Ejecutivo Municipal tendría la facultad de fijar las tarifas del nuevo transporte, a la vez que también podría establecer un nuevo cuadro de subsidios o actualizar aquellos que ya se encuentran en vigencia.

Cuestionamientos

Uno de los puntos del mencionado proyecto sugiere que, de llevarse a cabo una contratación mediante la modalidad de “concurso privado” por parte del Departamento Ejecutivo Municipal, deberían tener prioridad las personas físicas o empresas locales “que presten servicios afines en la ciudad”. Sobre este punto, algunos concejales expresaron su descontento, teniendo en cuenta que el reemplazo del proceso licitatorio por el de un concurso privado “podría garantizarle la concesión a algún amigo del Poder”, subrayando la falta de garantías respecto de la idoneidad de la nueva empresa frente al servicio que deberá prestarse. Sin embargo, el proyecto de ordenanza prevé la “estabilidad laboral” de los trabajadores que integran las líneas de colectivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.

Un año marcado por conflictos con el transporte

La situación del transporte público de pasajeros en la ciudad no es algo nuevo, y las disputas por el pago de salarios representa poco más que un costado de la problemática. Fuentes pertenecientes a Benítez Bellini sostuvieron que, tan sólo con la recaudación tarifaria la empresa estaría en condiciones de hacer frente al pago de salarios de choferes, mecánicos y personal administrativo que prestan servicios.
Sin embargo, durante las sucesivas interrupciones del servicio, cuyo último episodio mantuvo en vilo a la población por ocho días, representantes de la Unión de Choferes de la República Argentina (UCRA) manifestaron que la falta de subsidios otorgados por la Provincia fue el causante de que más de 100 empleados no cobraran sus haberes mensuales y, en un principio, el medio aguinaldo de 2015.
De este modo, las dicotomías generadas a partir del conflicto obligaron a las autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo municipal, a preguntarse si la empresa ha llevado adelante una correcta administración de sus finanzas y si la demora en el pago de salarios realmente respondió a la falta de gestiones provinciales y locales.

Los vecinos, los más perjudicados

En marzo de 2015, ante una serie de cuestionamientos respecto del servicio de colectivos, la empresa Benítez Bellini incorporó tres nuevas unidades a su flota, con el objetivo de garantizar una mayor frecuencia y mejorar la cuestionada prestación que miles de vecinos utilizan a diario.
Sin embargo, las unidades que pertenecían a la Ciudad de Buenos Aires, tenían unos siete años de antigüedad y habían sido acondicionadas “para cubrir las necesidades de la ciudad”, según habían explicado desde la empresa.
Lo cierto es que las quejas de los pasajeros continuaron incrementándose, no sólo por el estado de higiene de los móviles sino también por su funcionamiento en general, con unidades que sufrieron desperfectos y dejaron varadas a decenas de pasajeros en varias ocasiones.
A su vez, una de las cuestiones planteadas recientemente por el área de Discapacidad del municipio es la falta de colectivos accesibles para personas con distintas discapacidades por parte de las empresas Raider S.A. y Benítez Bellini, factor que obliga a dichas personas a tener que utilizar el servicio de Taxi Accesible, que tiene pocas unidades en la ciudad y su costo es marcadamente más alto que el del transporte de colectivos.

Cuatro paros en menos de un mes

La realización de cuatro paros de transporte en menos de treinta días marcó el final de un 2015 marcado por el conflicto en la prestación de dicho servicio, donde miles de madrynenses se vieron impedidos de llegar a tiempo a sus trabajos, realizar trámites o desplazarse hasta establecimientos hospitalarios para ser atendidos.
En casos más críticos, representantes de las Juntas Vecinales de algunos barrios denunciaron, incluso, que algunos residentes de la ciudad “perdieron sus trabajos” por no poder llegar a tiempo desde la zona oeste de Puerto Madryn hasta el centro de la ciudad.
A su vez, la falta de acceso a los colectivos por parte de vecinos que viven en zonas alejadas a la costa, provocó que una importante cantidad de familias se viera impedida de disfrutar de las playas de la ciudad, que representan una de las principales atracciones de la temporada de verano.
Consecuentemente, la tarea de los ediles esta semana será, sin duda, evaluar las competencias de las empresas concesionarias y determinar si la declaración de la Emergencia en Transporte es el camino necesario para brindar mayor claridad a los usuarios y destrabar una problemática que afecta la vida cotidiana de miles de madrynenses, a la vez que marca un lamentable historial para una de las principales ciudades turísticas del país.