Duras críticas profesionales a la declaración nacional de la “Emergencia en Seguridad”

En un comunicado emitido por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), varias asociaciones criticaron que el Poder Ejecutivo Nacional hubiera declarado la emergencia en seguridad a través de un decreto, afirmando que el mismo no se apoya en diagnósticos claros y que pone en marcha “medidas que profundizan las peores tendencias en materia de políticas de seguridad”. A su vez, las organizaciones criticaron a realización de anuncios de carácter “efectista pero ineficaz” para dar respuesta a demandas sociales legítimas, con el agravante de que “en esta oportunidad la escalada punitiva llega a habilitar una pena de muerte encubierta”. El texto fue conformado por el Grupo coordinador Acuerdo de Seguridad Democrática y Convergencia, la Asociación por los Derechos Civiles, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, ANDHES, Asociación Pensamiento Penal, Centro de Estudios Legales y Sociales, Colectivo Habitar Argentina, Colectivo de Investigación y Acción Jurídica, Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia, Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, Intercambios Asociación Civil, Programa Universidad y Cárcel de la Universidad Nacional de Córdoba y Xumek.

Sin diagnóstico

El comunicado expresó que el enfoque del decreto “considera que el narcotráfico es ‘la principal amenaza a la seguridad de los argentinos’ y lo transforma en la explicación de los problemas relacionados con el delito y la violencia” y que de este modo se intenta justificar que, para detener el ingreso de drogas declaradas ilegales al territorio nacional, “es necesario un estado de emergencia que habilita medidas excepcionales”.

Sobre esta línea, sostuvo que “sin tener ningún diagnóstico, la emergencia hace foco en la frontera norte como causa principal de los problemas del narcotráfico y decide concentrar allí los recursos con un enfoque de corte militarista”, a la vez que “ya se ha demostrado que este camino no tiene capacidad para desarmar el complejo mercado de las drogas ilegales, ni su tejido con las instituciones estatales involucradas en las redes de ilegalidad”. Por el contrario, “sobran pruebas de su capacidad para incrementar los niveles de violencia y las violaciones a los derechos humanos”, reza el documento.
Asimilar el narcotráfico a una agresión militar extranjera “lo coloca por encima de otros delitos tanto o más violentos como la comercialización ilegal de armas de fuego”, criticó el documento firmado por distintas asociaciones y agregó que “como consecuencia de este paradigma, se le atribuyen a las Fuerzas Armadas nuevas facultades para intervenir en cuestiones de seguridad pública y no de defensa nacional, decisión que produce un quiebre en la distinción entre seguridad interior y defensa nacional que ya se había debilitado en el gobierno anterior”.

Contra la “Ley de Derribo”

A partir de la sanción del decreto, las Fuerzas Armadas no se limitarían a controlar el espacio aéreo sino que también tendrán la facultad de derribar aviones que no se identifiquen, sin necesidad de consultar a las autoridades políticas para hacerlo. Según lo expresado en el comunicado, “esta medida es inconstitucional desde el momento en que constituye una pena de muerte sumaria encubierta, en contradicción con el Pacto de San José de Costa Rica, con jerarquía constitucional”, además de que las experiencias internacionales “han demostrado que la intervención militar contra el narcotráfico no produce ningún efecto beneficioso y sólo contribuye a una escalada de la violencia”.

Foco equivocado

“La emergencia no reconoce las principales deficiencias del sistema de seguridad como la falta de profesionalización y de reforma de las fuerzas policiales para que dejen de ser un engranaje fundamental de los mercados ilegales, ni la degradación de los sistemas penitenciarios y las deplorables condiciones de detención”, expresaron las entidades, añadiendo que “en lugar de ello, se habilitan una serie de procedimientos de excepción para aumentar el número de efectivos policiales y dotarlos de mayor poder de fuego”. En dicho contexto, el documento sostuvo que la declaración de emergencia “habilita al poder ejecutivo a incrementar los gastos en tecnología y armamentos y debilita los sistemas de control para las contrataciones estatales”.

Afirman que se buscó un efecto mediático

La declaración de emergencia, de acuerdo a lo manifestado por las entidades que publicaron el comunicado, “se presenta como una estrategia unilateral e ineficaz que tiene más de impacto comunicacional que de política consensuada, técnicamente eficaz, sustentable en el tiempo y evaluable por sus resultados”. al mismo tiempo, alertaron que la misma “no propone medidas capaces de afectar el funcionamientos de los mercados ilegales, como por ejemplo, fortalecer el control del lavado de activos provenientes del narcotráfico que atraviesan el sistema financiero” y que “los nombramientos en la unidad encargada de elaborar estas políticas no parecen ir en el sentido de incrementar el control”.

Tampoco “se han dado a conocer medidas para intervenir en la relación promiscua entre fútbol y política, fenómeno íntimamente vinculado al narcotráfico y los crímenes mafiosos”, opinaron las asociaciones y destacaron que “para promover una verdadera política de Estado que enfrente a los complejos fenómenos del delito y la violencia, no es posible dejar de lado la necesidad de profesionalizar a las instituciones policiales y el Sistema de Inteligencia, al mismo tiempo en que debería jerarquizarse el trabajo preventivo territorial, en particular con los jóvenes y los niños”.

Una “oportunidad perdida”

Finalmente, las entidades expresaron que las políticas de seguridad en general y de drogas en particular “deben surgir de diagnósticos rigurosos y de un enfoque de seguridad democrática” y que “la emergencia en seguridad declarada por el Poder Ejecutivo es otra oportunidad perdida para dar un debate serio sobre las formas en que un estado democrático debe abordar los problemas del delito y la violencia”. Sobre este punto, concluyeron recordando que “diversos espacios políticos, sociales y académicos, entre ellos el Acuerdo de Seguridad Democrática y el grupo Convergencia, plantean hace tiempo que la obligación del Estado de dar seguridad a los ciudadanos debe realizarse en el marco de principios democráticos, a partir de acuerdos políticos y sociales amplios que eviten medidas demagógicas e ineficaces” y que dichos acuerdos “deben avanzar en el diseño e implementación de políticas de corto, mediano y largo plazo, orientadas a encontrar soluciones perdurables a las demandas sociales en materia de seguridad”.