TRIACA ADMITIÓ QUE HUBO EMPRESARIOS QUE "SACARON VENTAJA". DUDAS EN EL SINDICALISMO POR UN ACUERDO TRIPARTITO. TARIFAS CON AUDIENCIAS PÚBLICAS PREVIAS

Ninguna corrida


p3El acuerdo de precios y salarios que propiciará Mauricio Macri apenas asumido tomará como base los valores del mes pasado en vista de los aumentos excesivos registrados en las últimas semanas, en aparente previsión de una devaluación. Lo anticipó el designado ministro de Trabajo, Jorge Triaca, quien denunció que hubo sectores empresariales que «trataron de sacarle ventaja al resto». El próximo ministro confirmó, además, que el aguinaldo de fin de año no estará exento del pago de Ganancias y que las reformas a ese tributo se tomarán desde 2016 para excluir a «casi un millón de trabajadores» que debieron empezar a pagarlo.
La posibilidad de un acuerdo tripartito para fijar un sendero previsible de algunas variables de la economía había sido sugerida durante la campaña electoral por los equipos tanto de Macri como los de Daniel Scioli. La respuesta sindical había sido muy negativa, e incluso obligó a Scioli a desmentir esa opción. Este fin de semana, sin embargo, Triaca y el próximo jefe de Hacienda, Alfonso Prat Gay, ratificaron que se explorará esa alternativa.
«Tiene que ser un acuerdo de tres partes, empresas, Gobierno y sectores sindicales. Es una mesa para ver qué ponemos cada uno y no ver qué sacamos. A los empresarios les vamos a pedir el control en los precios. Como Gobierno, vamos a hacer un gran esfuerzo fiscal en puntos como la baja de Ganancias y el reintegro de IVA a la canasta de consumo para los sectores socialmente más afectados, y a los trabajadores les pediremos que miren las expectativas de inflación y que adecuen sus reclamos a esas expectativas», precisó Triaca en radio América.
Sobre los aumentos registrados en productos de consumo masivo, el actual diputado nacional explicó que con vistas a un acuerdo tripartito se tomarán «los precios de referencia de la última semana de noviembre», y dijo que la futura gestión vio «la actitud de algunos que trataron de sacar ventaja al resto». En tanto, evitó pronunciarse sobre la advertencia de Hugo Moyano en cuanto a que la base de reclamos para la próxima ronda de paritarias será 28 por ciento.

Riesgos y especulaciones

Un acuerdo como el previsto por la gestión de Macri enfrenta desafíos: en la Argentina no hay antecedentes favorables a un entendimiento de esas características a nivel nacional, y las veces que se intentó por lo general el resultado fue una escalada de precios y salarios.
En el sindicalismo, además, existe un escenario atomizado pero en líneas generales, refractario. Mientras Moyano, a priori aliado central para Macri desde el gremialismo, ya avisó que no acatará un techo salarial, los sectores más afines a Cristina de Kirchner, que ostentan el reconocimiento formal de la CGT, ni siquiera fueron sondeados por los futuros funcionarios. Es el caso del metalúrgico Antonio Caló y de quienes lo apoyan, como los mecánicos de SMATA, la Unión Ferroviaria o los taxistas, cuyos dirigentes le dijeron a este diario que descreen de la chance de un acuerdo. En tanto que los «gordos» de los grandes gremios de servicios y los «independientes», dos grupos mayoritarios en la CGT reconocida, mascullan todavía haber sido relegados mientras Macri recibía antes que a ninguno al camionero, lo que también extiende las dudas sobre su eventual acatamiento a un acuerdo de cúpulas.
Incluso, una delegación de los gremios de la Alimentación (Casia) que participó en encuentros en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) le advirtió en los últimos días al titular de esa entidad, Guy Ryder, que su presencia en los próximos días en la Argentina «podría ser utilizada para alentar un acuerdo social que permitiría rebajar salarios y debilitaría la negociación colectiva». Ryder, un nombre recurrente en foros internacionales a la hora de tratar los entendimientos tripartitos, debió salir al cruce de la versión y respondió por correo al secretario adjunto de Casia, Héctor Morcillo, que su visita a Buenos Aires «tiene el único objetivo de hablar del diálogo social en general, propiciado internacionalmente por la OIT, y no permitirá que se utilice su conferencia para debilitar la negociación colectiva» en la Argentina.
Tras la recepción que Macri le dedicó a Moyano, el resto de los sectores de la CGT aguardará los movimientos de los funcionarios. Aunque mantienen abierto el diálogo con Triaca, desconocen el alcance de un eventual acuerdo social y advierten que, en un contexto devaluatorio y con los aumentos de precios adelantados por los empresarios, será de difícil la aplicación de un pacto.

Tarifas y audiencias públicas

Por otra parte, analistas y voceros empresarios coinciden en las últimas horas en que la eliminación de los subsidios a los servicios públicos será gradual en el Gobierno de Mauricio Macri. También en que la nueva administración esperará para evaluar el impacto de las medidas en el frente cambiario antes de anunciar las primeras decisiones sobre tarifas.
Se afirma que el Gobierno entrante por lo menos dejará pasar las fiestas y el conflictivo período de las últimas dos semanas del año para evitar un amontonamiento de público en las oficinas comerciales de las empresas considerando que deberá realizarse un nuevo registro de los que necesiten mantener los subsidios.
En la primera etapa, la mira estará puesta en las tarifas de gas y electricidad y quedarían para después los ajustes en AySA, empresa que depende del Estado nacional y presta el servicio de agua y cloacas en Capital Federal y Gran Buenos Aires, y en el transporte público, incluyendo ferrocarriles, colectivos y subte.
En el caso del gas, las decisiones que tome el Gobierno, tendrán impacto en todo el país porque el sistema gasífero es de jurisdicción nacional. El objetivo, según sugirió el futuro ministro de Energía, Juan José Aranguren, es que los usuarios tanto industriales como domiciliarios, paguen el valor real del gas, incluyendo la incidencia del precio del producto importado que ronda u$s 10 por unidad en el caso del comprado a Bolivia y alrededor de u$s 14 para el GNL que viene en barco y se regasifica en buques especiales.
Pero en la primera etapa, el precio del gas pasaría de un promedio de u$s 2,5 a u$s 5, de modo de satisfacer las pretensiones de las petroleras y las provincias productoras para evitar una fuerte caída de la actividad cuando se decida una baja del valor local del petróleo. Simultáneamente al alza del precio en yacimiento que perciben las petroleras, habría alguna recomposición para los márgenes de las distribuidoras, de modo que éstas tengan recursos para afrontar sus gastos corrientes y pagar el gas a las productoras.
Por eso, se estima que en la primera etapa, las tarifas de gas se duplicarán para industrias y hogares, y sin exceptuar a la Patagonia aunque todavía sobre los valores más deprimidos que rigen en la actualidad ya que esta zona no estuvo alcanzada por el aumento dispuesto por el actual Gobierno en 2014.
En electricidad, la expectativa es que haya un aumento del precio de la energía que perciben las generadoras, y esto tendrá vigencia para todo el país. En el caso de Capital Federal y Gran Buenos Aires habrá también una eliminación parcial de los subsidios que actualmente perciben Edenor y Edesur que llevarían a cuatriplicar el valor actual del kilovatio para los que están subsidiados.
En ambos servicios, el Gobierno entrante deberá cubrir previamente el requisito de convocar a audiencia pública para tratar los ajustes, de modo de evitar eventuales trabas judiciales a las medidas a tomar. Tiene el antecedente de que en numerosas localidades del país, está frenado por la Justicia el último aumento dispuesto por el Gobierno de Cristina de Kirchner en el precio del gas en boca de pozo, por no haberse realizado audiencia previa. Un panorama del escenario inmediato que habrá que tener en cuenta.

Fuente: Ámbito Financiero


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