Aprueban ley para investigar responsabilidades civiles durante la dictadura


El diputado Héctor Recalde, titular de la comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara baja, fue el impulsor del proyecto que recibió el apoyo mayoritario de la cámara, con 170 votos a favor (disidencias parciales de la UCR, el Frente Renovador, el Frente de Izquierda y el interbloque FAP), y sólo 14 abstenciones del PRO y sus aliados de Salta y Mendoza. El objetivo del grupo parlamentario será determinar quiénes fueron los «actores económicos y técnicos que contribuyeron o se beneficiaron» con la dictadura militar entre 1976 y 1983 y le dieron «apoyo económico, técnico, político, logístico o de otra naturaleza». De esta forma, una vez que el proyecto reciba el voto favorable en el Senado, se constituirá la «Comisión Bicameral de la Verdad, la Memoria, la Justicia, la Reparación y el Fortalecimiento de las instituciones de la Democracia», que tendrá potestad para hacer requerimientos a la justicia. La comisión, que deberá publicar un informe dentro de los 180 días desde su constitución, estará conformada por cinco diputados y cinco senadores -elegidos por sus propios cuerpos de acuerdo con la representación parlamentaria-, quienes redactarán un documento sobre la complicidad económica con la dictadura. Para la redacción de ese texto, los legisladores podrán requerir información tanto al Poder Ejecutivo y a sus organismos dependientes, como a entidades autárquicas, empresas, organismos no gubernamentales y fuerzas armadas y de seguridad. Al hablar en la sesión, Recalde consideró una «obligación moral» del cuerpo votar la iniciativa para que «haya memoria, verdad y justicia y terminar con la impunidad». Pablo Tonelli, dputado del PRO, explicó la decisión de su espacio: «Nos abstuvimos porque habíamos señalado dos diferencias, nos parecía que tal como estaba podría interferir con la acción de la justicia. En segundo lugar habíamos propuesto que la investigación siguiera hasta la fecha» y agregó sobre esto último, que para «analizar los casos de corrupción entre particulares y el gobierno».


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