López Salaberry afirmó que la Justicia de Chubut “ha perdido estatura ética”

El abogado Luis Lopez Salaberry, quien enfrentó en las elecciones hace dos años al ahora removido Oscar Romero en el Colegio Público de Abogados, ratificó que tiene “certezas” de que la elección fue irregular. Dijo en ese marco que lo sucedido en el Colegio y en la Facultad “debilitan a la Justicia” y que se ha perdido en ambas instituciones “la estatura ética que deberían tener”.
En diálogo con El Diario, López Salaberry sobre la asamblea del Colegio resaltó que “yo no podía concurrir porque vengo diciendo que esa comisión es ilegítima desde el principio. Pero en segundo lugar porque esa Asamblea le otorga la presidencia a quien venía funcionando como vicepresidente de esa comisión”.
Entonces “es la misma comisión que si está viciada no correspondería de ninguna manera que esta persona –por Carlos Rial- presida el Colegio. Lo que se tendría que haber hecho es nombrar una persona a modo de interventor que realizara una auditoría en el Colegio Público de Abogados y se llamara a elecciones para poder remplazar a esta comisión directiva que no existe”.
Se trata dijo “de una comisión directiva que puede figurar en los papeles pero si hacemos un estudio de fondo de lo que significa la ley, esta comisión del Colegio sigue siendo irregular”.
Sostuvo que “nadie lo removió a Romero por su pasado, sino que se lo remueve porque el Colegio Público de Abogados, ha perdido la estatura ética que deben tener este tipo de instituciones en la sociedad, como son por un lado los Colegios profesionales y por otro la Facultad que es la que genera a los profesionales”.
Y destacó que “la Facultad no solo genera profesionales para el ejercicio de la abogacía, sino también para el Ejercicio de la magistratura que es un ejercicio en el cual debe aplicarse la ley de una interpretación que perdimos hace muchos años, porque el Superior Tribunal de Justicia ha perdido el norte por el cual debería funcionar”.

Enfrentamiento y análisis

Consultado acerca de si se trató de un enfrentamiento entre la vieja guardia y la “escuelita” como se quiso hacer aparecer, analizó que “lo que hemos analizado es la excelencia académica, y nos encontramos con que el único filtro para ser profesor, casi únicamente era ingresar en el Poder Judicial. El Poder Judicial cooptó la Universidad porque ser miembro del Poder Judicial era ser automáticamente profesor de la facultad”.
Precisó entonces que “por eso es que fue tan difícil decir por ejemplo para abreviar los procesos y hacerlos más rápidos a la tarde, tengamos jueces full time. No puede ser que trabajen hasta la una de la tarde” y explicó que “esto pasa porque tienen que salir corriendo a dar clases a la facultad y a tomar exámenes”.
Entonces los abogados litigantes “llegan y se encuentran con que la audiencia se reprogramó para el mes siguiente, y la gente está esperando que se administre justicia en un tiempo dado y no se respetan ni siquiera las fechas que fijan las oficiales judiciales”.
Y esto pasa porque “el juez fulano está en la facultad, o está corrigiendo exámenes, o está escribiendo un libro, o en un congreso. Todas las actividades que le impiden desarrollar como corresponde su rol de funcionario público y de magistrado. Nadie les dice que no pueden ejercer la docencia”.
Pero “lo que nosotros pretendíamos de alguna manera es que la escuela de derecho otorgue un abogado que sepa, que quien sale de la Universidad tenga la capacidad suficiente como para resolver los problemas de la gente en sus estudios y también estar capacitados para ejercer la magistratura”.
Por eso “era muy importante analizar la situación de la Facultad en sus inicios. Y con lo que está sucediendo ahora, y con la sorpresa que nos llevamos en el Colegio Público de Abogados, creo que estamos en una situación hoy que ha deteriorado y dañado ante la opinión pública y han perdido esta estatura ética que deben recuperar pronto porque son dos instituciones básicas y fundamentales en la comunidad”.
Consultado acerca de si estas situaciones debilitan a la Justicia en Chubut, opinó que “la debilita de una manera que va en corriente contraria a las esperanzas de la gente. Porque la gente esta necesitando una justicia rápida y una justicia seria. Y acá hemos observado situaciones últimamente que son en muchos casos resueltas políticamente y que son muy graves, de lo que pasa en la Justicia”.

Elecciones, sospechas y certezas

Al recordar lo sucedido en la instancia de elecciones en el Colegio hace dos años, afirmó que “no hubo sospechas en la elección, hubo certezas. No fue una cuestión ambigua, sino que se planteó en la Justicia y que tuvo en la impugnación de una elección ilegítima, la posibilidad de ser legitimada a través de un fallo de la Cámara Civil y Comercial que arbitrariamente le dio la razón a la lista que encabezaba el doctor Romero y donde había votado gente que no estaba en el padrón electoral”.
Precisó que “esto era contrario a la ley de la colegiación y también al código electoral nacional que se aplica en forma supletoria, que dice que nadie ni siquiera un juez puede decirle a un presidente de mesa que haga votar a alguien que no se encuentre en el padrón, salvo dice que sean los fiscales que figuran en otras mesas o las autoridades que por estar en las mesas pueden votar, pero figuran en el padrón”.
En aquella oportunidad recordó “la Cámara le dio la legitimación que nosotros recurrimos al Superior Tribunal y con sorpresa descubrimos la semana pasada una nota periodística del entonces ministro José Luis Pasutti que al ser consultado acerca de Romero, dice que el presidente del Colegio de Abogados ‘obtuvo el cargo en una elección viciada’, admitiendo lo que nosotros decíamos en aquel momento y que no fue tomado en cuenta por la Justicia”, dos años después y además “reconoce que ‘es muy grave la situación’ y que hay que profundizar en ella en la propia Justicia”.

La misma gente

Remarcó que “por algo en su momento la elección en el Colegio Público de Abogados se politizó de esta forma. Y fue precisamente apañada por aquellos que eran profesores en la facultad, que hoy está severamente cuestionada por los títulos que pueden haber otorgado”.
Repasó que “en aquel momento votaron abogados que no figuraban en el padrón electoral. Ahora tenemos la sospecha de si alguno de los que votaron eran realmente abogados, dada la situación denunciada en la Facultad y la investigación que se realiza”.
Lamentó López Salaberry que “lo más importante en esta cuestión es que la propia administración de justicia a través de esta coalición entre profesores de la Universidad pretendían de alguna manera meter la Universidad en el Colegio Público de Abogados”.
“La mayoría de los profesores son jueces, fiscales o defensores en la Justicia, entonces lo que se estaba logrando es la impunidad para que el Colegio Publico de Abogados no denunciara nunca la gravedad que existe en la administración de Justicia en la provincia del Chubut”, expresó el letrado.

Sin garantías en la Justicia

En ese marco López Salaberry destacó que “esta gravedad que en cualquier otra instancia podría haber significado una intervención porque no está garantizada la administración de Justicia en Chubut, y no han dicho absolutamente nada, no hay una sola manifestación del Colegio con respecto a lo que sucede con la Administración de Justicia”.
Ejemplificó que “aquí se aplica un criterio de subrogancias en la determinación de determinadas sentencias, cuando los jueces han dispuesto con convenios con el Estado, establecer un sueldo que es una media Patagónica que no sabemos ni siquiera en que consiste” y que por lo tanto obliga “a que tengan que nombrar tribunales especiales con subrogancias para dirimir cuestiones que ellos no pueden resolver”, concluyó.