Pidieron 25 años para el asesino de Santiago Blanco

En la mañana de ayer jueves, en los tribunales de Comodoro Rivadavia se llevó a cabo la audiencia de imposición de pena por el asesinato de Santiago Blanco ocurrido el 5 de agosto de 2014, que tiene como condenados a Lucas Ávila Maya y a Gustavo Martínez. La defensora del primero solicitó 10 años, en tanto que la defensora de Martínez requirió se le otorguen 5 años de prisión.
Por su parte, la pretensión punitiva del Ministerio Público Fiscal fue de 25 años de prisión para Ávila Maya y de 15 para Gustavo Martínez.
Hoy, a las 14 horas, se conocerá el fallo del tribunal.

Alegatos
Entre los considerandos de la Fiscalía, Camila Bamfi señaló como circunstancias agravantes la naturaleza de la acción, el medio empleado –un arma 9mm- y las circunstancias graves del hecho. La nocturnidad en que ocurrió el hecho y la innecesaria violencia desplegada en el mismo. También razonó que debía considerarse como agravante la extensión del daño causado a toda la familia Blanco. Finalmente recordó que ambos comprenden la criminalidad de sus actos y solicitó el mantenimiento de su prisión preventiva hasta que la sentencia quede firme.
En tanto que la defensora de Ávila Maya, Viviana Barillari, también sostuvo que impugnará la sentencia y sostuvo que la pena elegida por la fiscal era excesiva y que se alejaba del mínimo mayor para la figura legal escogida. Oponiéndose a su declaración como reincidente. Considerando como atenuante las condiciones de vida de mi asistido, maltrato infantil y estado de vulnerabilidad.
En igual sentido la defensora de Martínez, Cristina Sadino, argumentó que el mínimo de la pena ya es desproporcionado, solicitando que la pena perfore el mínimo legal, cinco años, ya que el robo no se alcanzó a consumar, es decir quedó en grado de tentativa. La pena que solicitó la fiscalía es desproporcionada y no contempla la resocialización, sostuvo, agregando que el castigo debe ser proporcional al daño causado. Resaltando el arrepentimiento mostrado por su pupilo y que debe tenerse en cuenta el fin resocializador de la pena.
Asimismo se escuchó en la audiencia a tres trabajadoras sociales de la Defensa Pública que realizaron informes sobre los condenados y la voz de la madre de Gustavo Martínez.