Muestren y digan

Hace un mes la Cámara Electoral Nacional consideró que los candidatos presidenciales deberían explicar los financiamientos electorales, por intuir que los fondos tendrían «alto grado de opacidad». Empapelar con su cara autopistas, viajar en aviones privados y contratar otro tipo de publicidad electoral por varios millones de pesos puede resultar ahora contraproducente a partir de la sentencia en la que fijó límites a la campaña anticipada: ordenó a los candidatos a presidente a explicar, de manera extraordinaria, los gastos en proselitismo y, además, ordenó fijar una faja de clausura sobre los carteles de los presidenciables que hagan campaña deliberadamente.
Se trata de medidas inéditas tomadas por el tribunal judicial ante el proselitismo masivo realizado por los postulantes desde 2014, un año antes de lo que fijado por ley. Y advirtieron en la sentencia sobre el «alto grado de opacidad respecto de la identidad de las fuentes de financiamiento, en la medida en que no se declare, para conocimiento público, quiénes aportan los recursos económicos -en dinero o en especie- con los que se financia la promoción de dichos postulantes ni qué cantidades se destinan a ese objeto».
A partir de abril los candidatos entonces, de acuerdo a los dispuesto por la justicia, deberían haber presentado una lista con el detalle del dinero invertido en propaganda política «tendiente a captar el voto», y justificar el origen de dichos fondos. Además, la Justicia interpreta que los postulantes que hayan gastado dinero de su patrimonio personal para la campaña deberán declararlo en esta nueva instancia.
Aunque se trata de una declaración voluntaria, ya que la Cámara no puede establecer sanciones, el tribunal pone en jaque a los partidos políticos que pueden aducir que los gastos de propaganda fueron hechos por sus candidatos para desligarse de responsabilidades, situación que podría dejarán en evidencia a sus propios postulantes, si ellos no realizan la declaración extraordinaria.
«Puede parece un poco inocente una sentencia sin sanción alguna, pero si los candidatos no declaran los gastos voluntariamente, cada cartel que fiscalicemos como campaña anticipada será atribuido a los partidos políticos», advirtieron desde la Cámara. El trámite, que ya se puede hacer desde el sitio web del organismo, consta de dos formularios. Por un lado, el candidato deberá declarar todos sus gastos en propaganda, lo que incluye la contratación de agencia de publicidad y consultoras para la realización de encuestas. Por el otro, están los gastos operativos que engloban toda la inversión destinada a promocionar la figura del candidato.

Partido adelantado

La sentencia está motivada porque la ley prevé la realización de proselitismo 30 días antes de las elecciones. Toda aquella difusión de la imagen de un candidato tendiente a captar el voto del electorado antes de ese período está fuera de la ley.
Y al parecer son muchos, además de los presidenciables, dispuestos a violar la ley antes de acceder al cargo al que aspiran de acuerdo a la publicidad política en danza.
Es por esto que la Justicia comenzó a investigar entonces la campaña electoral anticipada y la Cámara Nacional Electoral pidió informes a los partidos políticos sobre la cartelería en la vía pública, así como remitió a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) un requerimiento sobre los precandidatos presidenciales que viajaron en aviones privados.
La Cámara exigió también a los jueces electorales de todo el país quitar o «inutilizar» los carteles de los presidenciables que actualmente pueden verse en la vía pública que estén «dirigidos a captar la voluntad política del electorado».
Incluso, el tribunal ordenó que los carteles sean objetados mediante una faja que indique «Publicidad en infracción. Justicia Nacional Electoral». Y requirió a los magistrados de las distintas provincias que ordenen la apertura de causas «para determinar las responsabilidades penales» de los candidatos que incumplan la ley de campaña.
En Chubut, son pocos los presidenciables que han plantado grandes carteles. De hecho, una gigantografía que muestra a Scioli de la mano con Buzzi desembarcó en el ingreso por ruta a la bella Puerto Madryn, pero dicen que el cartel en cuestión sería propiedad de Carlos Tomás Eliceche, candidato a intendente que podría justificadamente explicar dicha financiación. Por ahora, el debate recién comienza pero no estaría mal adecuarse a la ley, como para empezar.

Decime la verdad

La otra exigencia que está en marcha en relación a los candidatos es el proyecto de debates obligatorios. Según lo que se intenta aprobar con fuerza de Ley en el Congreso aparece un modelo de exposición de lo que se pretende hacer de llegar al gobierno. En ese marco el proyecto expone algunas cosas. Por ejemplo, solo estarán obligados a debatir los candidatos cuyas agrupaciones hayan superado el 15% de los votos en las PASO. Serán dos discusiones sobre seis temas y la autoridad de aplicación será el Poder Judicial.
La iniciativa establece “la obligatoriedad de debates preelectorales públicos entre candidatos a Presidente de la Nación, con la finalidad de dar a conocer y debatir ante el electorado las plataformas electorales de los partidos, frentes o agrupaciones políticas”.
Sin embargo, la propuesta solo comprende “a todos los candidatos cuyas agrupaciones políticas, sumando los votos de todas las listas que compitieron en el seno del mismo, hubiesen obtenido el quince por ciento o más de los votos válidamente emitidos en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias” (PASO).
Si se tiene en cuenta la intención de voto para las próximas elecciones, esto habría que los únicos candidatos obligados a debatir serían Daniel Scioli (FpV), Mauricio Macri (Pro) y Sergio Massa (FR).
De esta manera, Elisa Carrió (CC), Ernesto Sanz (UCR), Margarita Stolbizer (GEN-Progresistas), Víctor De Gennaro (Unidad Popular), José Manuel De la Sota (peronismo federal), Adolfo Rodríguez Saá (Compromiso Federal) y Jorge Altamira (FIT), por ejemplo, quedarían afuera.
¿Qué pasaría si los candidatos se niegan a debatir? Aguilar propone que los postulantes que no cumplan con la obligación sean “sancionados con el no otorgamiento de espacios de publicidad audiovisual” que prevé la legislación electoral.
¿Sobre qué temas deberían debatir? El proyecto dice que los temas “deberán referirse, en segmentos separados, a, como mínimo, los siguientes temas”: “políticas de crecimiento del empleo y desarrollo económico”; “educación, salud y promoción social”; “seguridad, justicia y combate al narcotráfico”; “política exterior y defensa”; “desarrollo científico y tecnológico”; y “servicios públicos e infraestructura”.
En este sentido, el senador quiere que estas temáticas sean agrupadas “de modo que se realicen dos instancias de debate, uno de los cuales deberá llevarse a cabo en el interior del país, en la capital de provincia que determine la Cámara Nacional Electoral” (Poder Judicial), que será la autoridad de aplicación de la ley.
Las fechas de los debates también serán establecidas por la Cámara y el último de ellos deberá realizase con una anticipación mínima de 10 días a la fecha del acto electoral.
Por otra parte, Aguilar propone que el tiempo de debate sea “organizado de tal manera que los candidatos dispongan, como mínimo, de un espacio inicial para la presentación global de su propuesta; de un espacio posterior para referirse, por turnos, a los temas”; y “de un espacio final para intercambio de preguntas y repreguntas directas entre los participantes”.
Según el proyecto, los debates serán coordinados por un periodista elegido por sorteo, a partir de una lista de tres profesionales acordada por los candidatos participantes, a propuesta de la Cámara Nacional Electoral.
¿Por dónde se transmitirán los debates? La iniciativa establece que la emisión televisiva en vivo de los debates la efectuará la Televisión Pública (Canal 7). Empero, “dicha señal será de libre acceso para el resto de los canales de aire y las señales de cable y sitios de internet que operen en el país, así como el audio para las emisoras de radio”. El costo de la producción y difusión de los debates será solventado por el presupuesto del Ministerio del Interior y Transporte.
Los grandes interrogantes son si con el intento de averiguación del financiamiento político y el intento de que los que vengan digan la verdad, ¿se está realmente intentando saber, o solo parecer? Habrá que ver…

Fuentes: LN, AF, Parlamentario, propias.