Ferreyra dijo que el caso Antillanca “logra trascender la barrera de la impunidad”

El presidente de la Comisión contra la Violencia Institucional de la Legislatura porteña, hermano de Mariano Ferreyra, el legislador Pablo Ferreyra visitó la ciudad de Trelew, en apoyo a los familiares y a la Comisión contra la Impunidad en torno al asesinato de Julián Antillanca que ha visto postergado el inicio del nuevo juicio para el primero de Junio. En su paso por Trelew Ferreyra brindó una charla en la Universidad donde destacó que casos como éste “logran trascender la barrera de la impunidad”. Resaltó que si bien hay medidas que garantizan la inclusión social y la contención, el esfuerzo se rompe porque “en algún punto el objetivo de las fuerzas de seguridad sigue siendo ese pibe pobre”.
Remarcó en diálogo con El Diario que “conocí el caso a partir del informe anual del Cels en el 2012 que traza un paralelismo entre ese caso y otros casos de la provincia que muestran un patrón de persecución por parte de las fuerzas policiales a sectores de la población, jóvenes de sectores populares. A partir de eso conocí el caso”, mencionó.
El dirigente y legislador precisó que “hay una relación y un denominador común que es la violencia institucional” y en ese marco “el mensaje es por un lado esperanzador y por otro crítico”. No obstante sostuvo que hubo avances porque “hoy la versión policial no es la única”.
En primer lugar celebró Ferreyra que “logramos romper el paradigma que reinaba en los noventa que era la invisibilización de los pibes de los barrios cuando eran asesinados por la policía, esto se rompió”.
Explicó que “hoy en lugares como Chubut donde las fuerzas policiales tienen un poder fuerte donde se garantiza fuertemente su impunidad, vemos casos como este y otros de la provincia que logran trascender la barrera de la impunidad. Esto es porque hoy se escucha la voz de los familiares, se escucha la voz de los pibes muertos”.
Pero además “hoy la versión policial no es la versión única, como lo fue en otras épocas. Culturalmente dimos una batalla y estamos mejor que antes”.
Destacó Ferreyra que “el aspecto más crítico que también es parte del mensaje es que estos sectores jóvenes están más contenidos a través de las políticas de Estado de adquisición de derechos sociales, pero aún hoy encuentran que todo ese círculo de volver a integrarlo se rompe por el lado de que todavía la violencia institucional los tiene como objetivos a ellos”.
Entonces “se pueden tener políticas de contención de los sectores sociales populares, de los sectores más empobrecidos de la sociedad, hay políticas que brindan derechos y garantías a los chicos desde que están en la panza hasta que se van a estudiar”, pero todo esto es “insuficiente si no se logra de alguna manera terminar con la violencia institucional y con las políticas de seguridad que hoy son regresivas porque en algún punto el objetivo de las fuerzas de seguridad sigue siendo ese pibe pobre”.
Por ello dijo “hay que seguir trabajando para que se diseñen políticas de seguridad democráticas y populares”.

Políticas de seguridad

Sobre las políticas de seguridad que se diseñan, las cuales siguen siendo de corte represivo, precisó que “hay atisbos de cambio, porque hay gente que es más crítica, que está pensando en mejorar las políticas de seguridad” y en un primer momento se recibió al Ministerio de Seguridad como algo positivo, “tuvo un año para mostrar también que los intocables de la Federal no eran tan intocables, que se podían investigar los casos de violencia institucional, y a no tolerar las redes de corrupción que maneja la Policía Federal, se vio que se puede tocar eso, pero ahí quedamos también”, dijo lamentó que no se avanzó más.
Esto ha hecho que “se haya amesetado todo el proceso que se había iniciado y que tuvo la posibilidad el Ministerio de Seguridad de encabezar. Me parece que Nilda Garré le aportaba otra cosa y hoy Berni no está dispuesto a alcanzar ni los mínimos estándares que podía alcanzar con Garré”, criticó.
Lamentó que “por los tiempos políticos vuelve a comernos la demagogia punitiva y a ganarnos otra vez el discurso de la inseguridad y no de la seguridad, de las políticas de la seguridad. Y estamos retrocediendo y el blanco móvil más fácil son los jóvenes”.

Mapa de violencia

Sobre el mapa de la violencia institucional, explicó que “Santa Fe, Córdoba y Chubut son provincias en las que hoy se visibilizan casos de violencia institucional reiterados. En el caso de Chubut hay una lógica muy marcada de perseguir a los jóvenes para alejarlos de los centros urbanos, para mantenerlos al margen de la sociedad, sobre todo porque son pobres”.
Agregó que por ejemplo “en Santa Fe se ven los jóvenes vulnerados por los crímenes de los narcos que sostienen las fuerzas de seguridad que garantizan esas redes de narcotráfico. Mientras que en Córdoba tenés un código contravencional que es arcaico y que permite que se reprima a los jóvenes y que se detenga ilegalmente a los pibes, que haya apremios ilegales”.
“Todo eso hoy se visibiliza, hay foros de discusión, la causa Arruga tuvo un interesante avance con respecto a la tortura. A pesar de la desconfianza que existía de que hubiera una condena, pero avanzó” y eso “es alentador en cierto aspecto”, destacó.
Y trazó un paralelismo al decir que “lo que vemos con el caso Antillanca es que hay una posibilidad de generar un nuevo paradigma porque si el caso Antillanca llega a un nuevo juicio es porque el Superior Tribunal de Justicia revisó la condena y encontró elementos para demostrar que el fallo fue arbitrario y en favor de los policías”.
Por ende si se logra “romper con esa condena y se logra relacionar la muerte de Julián con la de Iván Torres, con la de los Avallay, si empezamos a buscar diferentes cosas que vinculen y se encuentra el patrón de impunidad de las fuerzas de seguridad locales, se genera este nuevo paradigma”.
Sostuvo Ferreyra que “si conseguimos un fallo ejemplificador podemos empezar a sentar jurisprudencia. Lo que hay que romper es grande porque no se puede romper la impunidad de la policía sin el componente de los fiscales y de los Jueces que con fallos como el de Antillanca generan un hecho absolutamente grave de garantía de impunidad hacia la policía”.
Finalmente mencionó que “el Ejecutivo también observa como sucede esto desde la provincia sin intervenir y eso también es una responsabilidad porque de ellos depende el diseñar las políticas de seguridad. Si el poder Legislativo no genera el debate y propone herramientas para tener un lugar donde canalizar estas demandas y debates, en algún punto se está siendo un poco cómplice de la situación”.