La Intervención de Alpesca provocó daños por 5 millones de dólares

El fiscal jefe de Puerto Madryn, Daniel Báez, solicitó a un juez penal una audiencia para acusar formalmente a la ministra de Desarrollo Territorial de Chubut, Gabriela Marisa Dufour, y a los miembros de la intervención de Alpesca: Omar Albornoz, Santiago Novoa y Valentín Laborda por el delito de Administración Fraudulenta por haber sido responsables del daño provocado por el corte de amarras y posterior varamiento de varios buques de la empresa cuantificándose un perjuicio superior a los cinco millones de dólares.
Cabe recordar que la causa se originó a raíz de una denuncia interpuesta por el diputado provincial Jerónimo Juan Jesús García para que se investigue la responsabilidad de la intervención por los hechos acontecidos el día 7 de Abril de 2014 cuando los buques pesqueros Promarsa II; Promarsa III; Cabo San Sebastián, Cabo Buena Esperanza, y Cabo Dos Bahía se soltaron de sus amarras del muelle Almirante Storni, quedando varados en la playa, no sin antes sufrir serias averías, por los golpes que se dieron entre sí, como así también contra el viaducto.

Responsabilidades

El fiscal Báez sostiene que dichos daños se produjeron a consecuencia de la conducta de los imputados, toda vez que ellos estaban a cargo de la custodia y preservación de los bienes de la empresa Alpesca S.A, y habían sido informados expresa y puntualmente por diversas vías que las embarcaciones corrían serios riesgos de quedar a merced de las inclemencias climáticas, lo que finalmente ocurrió, ya que no tenían las condiciones mínimas de seguridad, no contaban ni con cabos de amarre ni combustible para maniobras de urgencia. El Ministerio Público Fiscal asegura que la situación de extrema precariedad respecto de la seguridad de los buques era de cabal y acabado conocimiento por los funcionarios “de lo que resulta la voluntad de perjudicar los intereses patrimoniales que custodiaban, ya que contaban con presupuesto asignado y disponibilidad económica para aportar los elementos que hubieran a la postre evitado lo que según las pericias han provocado”.

Lista de testigos

La fiscalía madrynense ofreció como pruebas las pericias realizadas y las declaraciones testimoniales del denunciante, el diputado García; además pidió citar a declarar a los empleados embarcados que fueron testigos presenciales del siniestro: Miguel Adarme, Fernando Burgos, Raúl Campos, Fernando Curatolo, Eugenio Caballero, Oscar Mendoza, Cristian Díaz, José Fabro, Carlos Hernández, Issa Kachaur, Cristian López Torres, Luis Miraglia Luis, Héctor Monroy, Mónica Monteros; Diego Parada, Carlos Pozo, Claudio Sánchez, Pablo Sánchez y Gustavo Villegas. En tanto, también se pidió la citación a declaración testimonial de Prefecto Mayor, Víctor Hugo Duarte a cargo de Prefectura Puerto Madryn, respecto la intervención de ese organismo en los sucesos bajo investigación, además del Prefecto Principal, Roberto Leonel Ceparo, y los oficiales Segura y Berzicki de la fuerza naval.
La requisitoria fiscal elevada al juez agrega en el listado de testigos al personal jerárquico de Alpesca: Edgardo Daniel Pernochi, Eduardo Navarro, Gerardo Ernesto Dittrich, como así también al titular de la Administración Portuaria de Puerto Madryn, Marcos Nicocia, como testigo presencial y en su labor de Administrador del organismo que vio afectadas sus instalaciones por el episodio de abril de 2014.
Asimismo, se prevé la declaración del oficial Maquinista Naval, Luis María Errecaborde, quien depondrá respecto a los informes periciales practicados sobre las embarcaciones. Y, finalmente se pide la declaración del gobernador Martín Buzzi por haber nombrado a los imputados como responsables directos de la intervención.

Administración infiel

Báez señala que en el inicio de la investigación, “aparecían los hechos como un fenómeno de la naturaleza y de las inclemencias del tiempo que ocasiono de manera fortuita un perjuicio en el patrimonio de Alpesca”.
Aunque del curso de la investigación “surgió de manera clara, el rasgo característico de la figura legal de la administración infiel, que es el particular modo de ataque que sufre el patrimonio confiado. La lesión típica asume la forma del quebrantamiento del deber de fidelidad, con base en el deber de cuidado, que nace de la privilegiada posición que ocupa el agente respecto de los bienes económicos ajenos confiados a su cargo”, menciona el fiscal al solicitarle al juez una audiencia para notificar a los imputados de los cargos acusatorios.
Los imputados, tenían por mandato legal la administración de los bienes de Alpesca S.A., y en especial, de acuerdo al Decreto 180/04, la flota pesquera sobre la cual debían mantener un especial cuidado. Así sostiene que los administradores “revisten la calidad de coautores, pues todos revisten esa especial relación de cuidado con el titular del patrimonio, siempre siguiendo la clara letra del decreto”.

Cinco millones de dólares

El fiscal Báez revela luego que se logró dimensionar el perjuicio “que permite afirmar y cuantificar el mismo, en la suma de U$S 5.120.383.35, y cuyo detalle de cada uno de los barcos me remito y será controvertida en juicio. A ello deberá sumarse la suma de $ 800.000 los que fueron pagados a la Administración Portuaria en razón de los gastos que incurrió esa administración para la preservación de los buques que estaban bajo el cuidado del Comité Administrador, como así también por los daños que los mismos provocaron en el muelle”.
Además, hace especial hincapié en que la intervención había sido expresamente advertida de lo que podría acontecer, a pesar de lo cual no se tomaron medidas de resguardo. Personal jerárquico de Alpesca puso en conocimiento del Comité Administrador, que era urgente dar las mínimas medidas de seguridad a las embarcaciones amarradas dado que se encontraban en condiciones de extrema precariedad respecto a las condiciones mínimas de seguridad. “Urgía contar con cabos nuevos para asegurar las amarras, combustible para hacer maniobras, y la guardia mínima de personal embarcado. Que dicha información y solicitud fue puesta en conocimiento de la Ministra la imputada Dufour por parte del personal jerárquico y el contador Marcos Nicocia, no obteniendo en ningún caso respuesta”, precisó Báez en su escrito.
“Existiendo el grado de sospecha necesario para esta instancia procesal este Ministerio Público Fiscal imputa a Gabriela Dufour, Omar Albornoz, Santiago Novoa, y a Valentín Laborda por el delito de Administración Fraudulenta en los términos del Art. 173 inc. 7, y 45 del Código Penal”, indica como calificación legal el pedido de audiencia que prevé una pena de un mes a 6 años de prisión. (Fuente: Revista Puerto)