Diputados se desligan de los aumentos tarifarios en cooperativas

No está en el ánimo de esta Legislatura meterle la mano en el bolsillo a los contribuyentes”, se esmeró en aclarar ayer el diputado del FPV, Javier Cisneros, al señalar en la hora de Preferencia el rol que asumieron los legisladores al momento de aprobar las Tarifas de Referencia, hoy aplicada en varias cooperativas de Chubut y que han significado un incremento en el costo final de las facturas que mensualmente pagan los usuarios de los servicios públicos.
“El costo político de los aumentos no la tiene la Legislatura sino los que firmaron el convenio que nosotros aprobamos”, sugirió Cisneros al tomar distancia del impacto que ha tenido en la población la aplicación de la norma aprobada el año pasado por la cámara.
El legislador salió así al cruce de declaraciones de presidente de la Cooperativa 16 de octubre de Esquel, “de que los legisladores hemos impuesto una ley para aumentar las tarifas, ya que esto está lejos de la realidad, aprobamos sólo hay una ley de emergencia, un convenio del Ejecutivo con Nación por congelamiento de tarifas y el convenio de los intendentes, las cooperativas y la federación que derivó en una ley”, sostuvo Cisneros.

Crisis de las cooperativas

Asimismo, insistió que “esta Legislatura no impuso nada, sólo aprobamos el convenio, y en función de la grave crisis económica y financiera que atraviesan las entidades, estableciendo un fondo de emergencia operativa, que brinda hasta un 35 por ciento del total que se factura en concepto de agua y 22 pesos de un cargo fijo”.
La de ayer fue una sesión muy corta, uno de los temas mas importantes fue el que planteó el diputado del FpV, Javier Cisneros sobre la Tasa de Sustentabilidad donde planteó que la Cooperativa 16 de Octubre de Esquel han tergiversado la información “porque el convenio que suscribió la Federación Chubutense de Cooperativas con el gobierno provincial, los presidentes de las Cooperativas y los intendentes pareciera que lo hubiera firmado los diputados y no es así”.

Costo político

Recordó que ante la emergencia de los servicios públicos trajo aparejado que el año pasado se pusiera en marcha el convenio que fue aprobado por ley y que varios Concejos Deliberantes pidieran el tratamiento urgente a la Legislatura, “pero el costo político de los aumentos no la tiene la Legislatura sino los que firmaron el convenio que nosotros aprobamos”.
Recordó que el convenio aprobado por Ley indica que se debe aumentar la tarifa hasta un 35% buscando un equilibrio para equiparar las tarifas en todas las Cooperativas, “algunas entidades como el caso de Esquel fue incrementarlo al máximo lo mismo que pasó con Trelew, pero ahora quien firmó el convenio y los propulsores no quieren serlo”.

Malas administraciones

Sobre la situación que se está viviendo en la Cooperativa de Dolavon ante el despido de 8 trabajadores, dijo que es muy grave, “el sindicato ha venido haciendo denuncia penales por la falta de pago a la AFIP, los salarios, a Camessa y como han estado de paro la presidente Patricia Bortagaray despidió a ocho empleados, el sindicato actuará en consecuencia, pero esto es parte de la crisis que tiene las Cooperativa del valle, aquí hay un manejo fraudulento, las administraciones de las cooperativas no pueden deber millones de pesos porque llevan al desmadre de las finanzas y trae aparejado el no pago de salarios y proveedores y si n se acomoda pasará como sucedió en Servicoop, irá a concurso de acreedores cortándose el hilo por lo mas delgado que son los trabajadores”.
Consideró que aquí hay un combo, “la mala administración y la falta de tarifas”, indicó.

García y Martínez se cruzaron por el aumento de personal en el Estado

En la sesión de ayer, se aprobaron sendos pedidos de informes presentados por el legislador Jerónimo García, presidente del Bloque “Chubut Somos Todos”, en un caso dirigido al Ministro de Educación respecto de si ese Ministerio cuenta con ediciones impresas del libro “Chubut Pura Naturaleza”, con réplicas de la diputada Argentina Martínez, quien preside el Bloque del “Frente para la Victoria” a apreciaciones vertidas por la legisladora Mirtha Romero (ChST) que la diputada Martínez no compartió.
El restante requerimiento parlamentario está destinado al Gobernador sobre la cantidad de personal dependiente del Poder Ejecutivo al 31 de diciembre de 2011, 2012, 2013 y 2014, discriminado por Planta y Organismo.
Al respecto, la legisladora Argentina Martínez (FPV) aseveró que se puede estar de acuerdo en consulta acerca de altas y bajas, pero consideró apropiado que también se requiera ello desde el año 2003 al 2014, incluyendo Entes Autárquicos, por lo que planteó la posibilidad de agregar ello al pedido de informes, que no fue aceptado por el legislador Jerónimo García quien tras aludir a gastos de Personal y relacionarlo con la cuestión electoral, sostuvo que no modificaba su pedido de informes.
Por su parte, la diputada Argentina Martínez dio a conocer que también se presentará el propio requerimiento desde el Bloque del FPV en los términos y alcances previamente consignados.