De 2003 a 2007 el 33% de las transferencias de tierras cumplieron con el marco legal

Según la resolución N 201/08 de la Auditoria General de la Nación en la provincia del Chubut durante el período enero 2003-Agosto 2007 solo el 33% de los casos de transferencias principalmente en manos extranjeras cumplió con las exigencias del marco legal en tanto que las restantes fue incompleta (50%) o falto la documentación exigida (17%) y como el Estado no puede permanecer impasible ante esos hechos tomo una serie de medidas para iniciar una investigación y determinad la veracidad o falsedad de lo que se viene denunciando.
El gobernador Martín Buzzi envió ayer a la Legislatura tres decretos de necesidad y urgencia, el 200 establece la intervención por el plazo de tres medes del Instituto Autárquico de Colonización designando como interventora a la Ministro de Desarrollo Territorial y Sectores Productivos Gabriela Dufour. La creación de una comisión investigadora y la prohibición de transferencias.
En los considerandos se establece que a partir de los devastadores incendios que se han registrado en la zona de la cordillera han surgido denuncias, reclamos y planteamientos de la ciudadanía de las localidades con bosques nativos, sobre supuesta intencionalidad en los mismos, que tendrían vinculación con negocios inmobiliarios en áreas de bosques nativos.
Que atento a la gravedad de las denuncias y reclamos de la ciudadanía es necesario intervenir en forma inmediata el Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural a fin de analizar todos los casos de adjudicaciones en propiedad de tierras con bosques nativos de forma tal de investigar la veracidad de las denuncias y en caso tomar las medidas jurídicamente pertinente contra los involucrados.
Además se remitirá a la Legislatura un proyecto de ley para dejar sin efecto el actual Instituto Autárquico de Colonización y crear un Instituto de Regulación de Uso y Tenencia de Tierras cuya misión será el desarrollo y productividad de las tierras y la preservación de los recursos naturales, en consonancia con las políticas que promueve el Estado Provincial.

Comisión Investigadora

Asimismo el decreto 201 crea bajo la jurisdicción del Ministerio de Coordinación de gabinete una “Comisión Investigadora para el Relevamiento de Transferencias de Tierras Rurales” que será integrada por el Ministro de Coordinación de Gabinete, dos miembros de la Legislatura, un abogado designado por la Asesoría de Gobierno y otro designado por el Ministerio de Desarrollo Territorial.
La comisión tendrá la función de requerir a las autoridades registrales todos los antecedentes dominiales y catastrales de las transferencias operadas sobre tierras pertenecientes al Estado Provincial o respecto a privados donde se registre la existencia de bosque, debiendo el organismo provincial poner inmediatamente a disposición de la comisión toda la información y documentación que se le solicite.
Requerir la inspección general de justicia de la nación, y a todo registro de personas jurídicas en el ámbito nacional, los antecedentes societarios de las personas de existencia ideal involucradas en la adquisición de tierras fiscales de la provincia.
Requerir a las autoridades judiciales de la provincia la totalidad de las actuaciones vinculadas don denuncias penales que tengan relación con transmisión dominial de tierras públicas.
Citar a los denunciantes que adviertan presuntas irregularidades en la venta o compra de tierras rurales de dominio del Estado Provincial o que contuvieren bosque a fin que brinden información al respecto. Recabar asimismo testimonio de vecinos o terceros con la misma finalidad. Analizar e investigar toda adjudicación de tierras con bosque realizadas por las comunas rurales o municipios cordilleranos.
La comisión deberá elaborar en el término de 120 días contados a partir de la publicación del decreto un informe detallado de las transferencias de tierras rurales de dominio provincial o privado que contengan bosque con precisiones jurídicas acerca de las irregularidades u observaciones que presten dichas transferencias y determinando la posibilidad de formular los respectivos reclamos judiciales.
La Comisión deberá remitir a la Fiscalía de Estado el informe previsto a fin que el Fiscal de Estado evalúe la posible comisión de delitos de acción pública e inste la respectiva acción penal o la validez de dichos actos jurídicos promoviendo la acción civil correspondiente.

Prohibición de transferencia

El decreto 202 prohíbe por un plazo de diez años todas las transferencias de tierras de dominio provincial a particulares así como las transferencias realizadas desde los municipios o comunas rurales dentro de sus respectivos ejidos que contuvieran bosques dañados por acción del fuego.
Prohíbase por un plazo de 180 días contados a partir de la sanción del decreto todas aquellas transferencias de tierras de dominio provincial a particulares, así como las transferencias realizadas desde municipios o comunas rurales dentro de sus respectivos ejidos. Suspéndase por 180 días todas aquellas transferencias de tierras de dominio provincial a particulares o transferencia de tierras privadas que contuvieran bosques o bosques dañados por la acción del fuego.