«Sin dinero no se puede investigar», advirtió el Procurador General

El procurador general Jorge Miquelarena remitió al Poder Ejecutivo Provincial una nota expresando su preocupación por la falta de presupuesto al tiempo de advertir que sin los recursos suficientes el Ministerio Público Fiscal no podrá funcionar.
Miquelarena dio cuenta de la situación económica por la que atraviesa la institución luego de varios años en los que no cuenta con el presupuesto aprobado por la Legislatura. Según se informó, la deuda a proveedores supera «el millón de pesos» y advirtió que «sin dinero no pueden solventarse los costos que implica la investigación penal”, argumentó el procurador en el escrito.
El funcionario mencionó en la carta dirigida al gobernador Martín Buzzi, las “severas dificultades presupuestarias y de tesorería que enfrenta el Ministerio Público Fiscal que dirijo” y explicó que la carta la realizó “con la finalidad de documentar debidamente la situación y exigir soluciones concretas a nuestros pedidos”.

Contradicciones

“Conocido es por usted que hace varios años que el presupuesto del Poder Judicial no tiene aprobación legislativa. Ello, de por sí restringe toda posibilidad de planificación estratégica y crecimiento institucional. En esto debemos destacar la marcada contradicción entre el discurso político que exige mejor calidad de respuestas al Poder Judicial sobre todo en el ámbito de la justicia penal, al tiempo que no trata ni aprueba el presupuesto de este Poder del Estado, herramienta fundamental de las finanzas públicas para el correcto funcionamiento institucional”, resumió en su escrito.

Sin recursos

Miquelarena manifestó que “peor aún es la situación concreta de este Ministerio Público Fiscal que, careciendo de toda asignación de recursos propios –como ser la tasa de justicia que por ley especial percibe y administra el Superior Tribunal de Justicia-, debe mantener su funcionamiento con los créditos presupuestarios asignados arbitrariamente por ese Poder Ejecutivo en los sistemas de gestión financiera y las escasísimas acreditaciones de caja que semanalmente dispone el Ministerio de Economía y Crédito Público por sus dependencias administrativas”.

Gastos y deudas

Sostuvo que “sin dinero no se puede investigar. La persecución de los delitos y la identificación de sus responsables requieren erogaciones dinerarias” y enumeró “el pago de alquileres para nuestras oficinas, los gastos del servicio de telefonía, internet y limpieza, el recambio y reparación de vehículos, los gastos en pericias, traslados viáticos, capacitaciones, insumos para el funcionamiento de los laboratorios de investigación forense. Todos estos rubros son esenciales para el funcionamiento de la Fiscalía, motor inicial del sistema penal: si no podemos cubrir adecuadamente estos gastos no hay forma de cumplir los cometidos constitucionales que a la sociedad debemos”, recalcó Miquelarena en la nota dirigida al Gobernador.

Menor capacidad operativa

El procurador general de Chubut dijo que “por disposición de ese Poder Ejecutivo, a la fecha, nuestro servicio administrativo registra una deuda con proveedores que supera el millón de pesos por obligaciones devengadas en el ejercicio 2014. A partir de la decisión de ese Poder Ejecutivo de reducir el importe mensual de tesorería a los niveles de enero del año pasado, se ha restringido de manera superlativa la capacidad operativa del Ministerio Público Fiscal”.

Finanzas provinciales

Miquelarena aclaró que “no desconocemos el marco de crisis que se vive en las finanzas provinciales a partir de situaciones internacionales que han impactado en la percepción de la renta pública pero le evidencio al Sr. Gobernador algo que sabe y conoce: dentro del marco de un presupuesto provincial de aproximadamente 15 mil millones de pesos, lo que requerimos para funcionar con cierta dignidad es una disponibilidad de caja semanal de $ 500.000, que sistemáticamente se nos viene negando. Esto evidencia que nuestro SAF requiere de recursos mínimos si se lo compara con otros de la administración. Actualmente se le acreditan semanalmente $ 250.000, suma ésta significativamente insuficiente”.

Interferencias

El funcionario agregó que “este cúmulo de decisiones que viene tomando desde hace un tiempo su administración afecta el funcionamiento y la independencia de la Fiscalía en su rol de agencia estatal que impulsa la acción penal ante la Judicatura” e “interfiere reiteradamente con el cumplimiento de los objetivos constitucionales de la institución (…)”.
“Así calificado, el manejo de la tesorería estatal tal como lo viene haciendo ese Poder Ejecutivo y que conlleva las consecuencias ya apuntadas, resulta ilegítimo y contrario a Derecho en tanto y en cuanto pone en jaque la capacidad de respuesta del organismo que dirijo, con grave afectación de la administración de justicia”, resumió Miquelarena y para finalizar expresó: “acudo al señor Gobernador para que ponga remedio inmediato a esta situación, instruyendo al Ministerio del área que adopte las medidas que nos lleven a una pronta solución toda vez que han sido infructuosas las misivas que hemos cursado al Sr. Ministro desde hace unos meses a esta parte”, puntualizó.