Para Pérez Catán, el Omresp emitió una opinión politizada

El intendente de Trelew Máximo Pérez catán cargó ayer sobre el Estado Nacional la responsabilidad de resolver los problemas de fondo que tienen la Cooperativa Eléctrica local y otras empresas de servicio de la provincia. Aseguró que la mayoría tienen deudas millonarias con AFIP y con Cammesa por lo que si estos organismos condonaran las mismas, se podría salir fácilmente de la crisis de las prestatarias.
En ese marco Pérez Catán aseguró que avanzará en Trelew en completar el Organismo Regulador que hoy está exigiendo a través de sus dos miembros que la Cooperativa devuelva el aumento aplicado en diciembre y enero.
Consultado acerca de si la opinión del Organismo Regulador es “política” el jefe comunal aseguró que “creo que hay un poco de condimento político. Nosotros hemos sido consecuentes con tratar de que la empresa no quiebre definitivamente y que no nos quedemos sin empresa que brinde servicios”. Porque dijo “lo principal acá es garantizar la prestación de los servicios” y agregó que “nosotros acá estamos analizando la aplicación de la Ley por parte de las prestadoras, la Cooperativa en este caso, teniendo en cuenta que estamos en el marco de una Ley de emergencia que establece la provincia sobre los servicios y en torno a ello la aplicación de una tarifa de referencia”.
Sobre el veto de la Ordenanza aprobada por los concejales, precisó que “la veté parcialmente, el artículo primero que adhiere a la ordenanza quedó y los otros artículos que establecían la aplicación de esa adhesión fueron vetados porque entendimos que no era compatible que nosotros desde una ordenanza pusiéramos condiciones que la Ley no tiene y que por ende desvirtúa la condición de Ley”.

No son confiables

En ese marco sostuvo Pérez Catán que “el Organismo Regulador ha recibido por parte del Ejecutivo hace un año el pedido de estudio del cuadro tarifario de los servicios de la Cooperativa, ya que no se adecuaba a la realidad de los gastos que demanda la provisión de servicios”.
Recordó que “después se suscitaron una serie de idas y vueltas entre el Organismo y la empresa sobre la provisión o no de la información necesaria”.
Aseguró que “creo que el Organismo tiene la mayor parte de la información para avanzar en el análisis del porqué se hizo necesario un nuevo cuadro tarifario. Y además el Organismo tiene competencia suficiente como para ir a requerir a la empresa toda la información que considere necesaria”.
Consideró en tal sentido que “lo que no es confiable es la postura que tiene hoy el Organismo sobre la legitimidad, el procedimiento de aplicación de la tarifa y la actitud de los integrantes que son una alternativa hasta que se resuelvan los nombramientos”.
Resaltó que “yo considero que no han sido electos por el mecanismo que establece la Carta Orgánica, que establece la selección a través de un concurso de oposición”, esto porque “no está todavía concluida la reglamentación que establece las formas”.
Recordó que por ello el Ejecutivo, para que el Organismo funcione, decidió avanzar en los nombramientos “mediante un acuerdo político para que se vaya completando la cuadrilla”.
Confirmó en ese marco que “vamos a ir completando el directorio, mientras se sanciona la reglamentación y se pueda llamar a un concurso para elegir los más calificados para cumplir con los objetivos del Organismo Regulador”.
Independientemente de ello “el Organismo tiene una tarea técnica que es transparentar los cuadros de costos de las empresas que tienen los servicios concesionados. Para nosotros es muy difícil darle previsibilidad a la empresa de servicios sino tenemos la certeza de cual es el mejor cuadro de costos y si esto no se puede trasladar a la tarifa”.
Reconoció que “nosotros lo hacemos sin tanto soporte porque queremos que la empresa no quiebre. Porque la verdad es que la inflación pesa sobre los bolsillos de todos los contribuyentes, también sobre la municipalidad y sin ninguna duda hace estragos dentro de la estructura de costos de la empresa que presta los servicios”.