Temitas pendientes

Por Milton Merlo* – Tras días de aturdimiento por la muerte del fiscal Alberto Nisman, el Gobierno comenzó a esbozar un rumbo que le permita recuperar la iniciativa política en su contienda con la Justicia federal. El dato más resonante hacia adentro de Balcarce 50 fue la aprobación de una serie de modificaciones en el organigrama de la ex SIDE, epicentro de todo tipo de especulaciones desde la madrugada del lunes. Un espacio estratégico de cara a las próximas semanas será la oficina de Asuntos Jurídicos del organismo, asiento para el cual casi todos los borradores anoche señalaban al abogado Juan Estrada, de perfil técnico y que actualmente reporta en Planificación Federal.
Estas y otras variantes de personas y estilos, entienden en el oficialismo, pueden constituir un salvoconducto que permita dejar atrás el escándalo político que domina el verano y que da letra a las proyecciones más sombrías.

Definiciones

Las conversaciones más reservadas en el Gobierno sostienen que el kirchnerismo precisa ahora reinstalar los issues que definen su relación con los tribunales, desde la quinta vacante de la Corte Suprema y la implementación del modelo acusatorio, hasta el inicio de las actividades de la Casación Penal ordinaria, que tiene jueces, tiene defensores oficiales pero no tiene fiscales: los tres que estaban designados allí han quedado impedidos por el amparo emitido por la Justicia en lo Contencioso contra las designaciones de Alejandra Gils Carbó. Resolución que para el oficialismo vino a confirmar la determinación de los sectores más conservadores de los tribunales de que esa instancia no debe funcionar porque allí mismo podría comenzar la instauración del modelo acusatorio en la Capital.
En esta interpretación también debe ubicarse la noción de que la reforma procesal votada por el Congreso encuentra la mayor resistencia en un tándem organizado entre los jueces federales y la catedral de la clandestinidad que es la ex SIDE. Los cambios de las últimas horas decididos para ese organismo están motivados por el requerimiento vital de dar por terminada la vinculación con los jueces, o al menos limitarla.
Ese objetivo lleva a manejar otras ideas, como aquellos proyectos de ley relacionados con los fondos de la Corte, o proponer alguna modificación en los reglamentos que regulan la información patrimonial que los magistrados deben entregar.
En 2014, ante las demoras del Consejo de la Magistratura en definir un reglamento, la gran mayoría de los jueces giraron sus datos a sus respectivas cámaras y de allí al máximo tribunal.

Efecto dominó

Con el transcurso de las horas, contadas a partir de la interminable noche del domingo, ha comenzado a cristalizarse la percepción de que el caso de Nisman no era único en su relación con el poder clandestino. Obnubila e inquieta al oficialismo el hecho de que el fiscal no es la excepción sino una regla que ahora viene a quedar expuesta de forma explosiva, y cuyo efecto llegará a la campaña electoral tal como el martes vaticinaba en contactos reservados con funcionarios el gobernador José Luis Gioja.
Esa tesis indica que ningún candidato competitivo puede ya prescindir de un plan integral para el Poder Judicial y para los organismos de inteligencia. El final de Nisman ya no sólo representa una cuestión para el Gobierno actual, sino también para los exponentes del peronismo que se proponen heredarlo.
Así como las réplicas parecen visibles, también lo son los desafíos. Es esperable para el kirchnerismo un pronunciamiento incómodo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante la cual la administración de dicho sello político firmó protocolos que luego se licuaron en el fragor de la agenda diaria. Por ejemplo, el anuncio del relevamiento del secreto que recibió Oscar Parrilli no hubiera sido necesario si se cumplía con los apartados que señalaban que todos los asuntos vinculados con la causa AMIA estaban excluidos del secreto para las autoridades judiciales.
Como nunca antes, se han vuelto invaluables los informes y documentos que redactó Gustavo Beliz durante su paso por el Ministerio de Justicia en el Gobierno de Néstor Kirchner. El diagnóstico de ese funcionario es casi idéntico al actual. El obstáculo para el oficialismo era el momento político de ese entonces y las soluciones poco ortodoxas que proponía el entonces ministro.
Beliz fue llevado a juicio oral por revelar secretos, sobreseído y vuelto a procesar por la Casación Penal federal. El caso llegó a la Corte. Luego de meses se lograron las firmas necesarias para correr traslado a la procuración. Gils Carbó todavía no ha respondido. Esa pasividad refleja una inconsistencia poco recomendable antes de volver al centro del ring. Habrá que ver…

Fuente: *Ámbito Financiero