“Una Ley provincial no podría prohibir el derecho a la explotación minera”

El secretario de la Cámara de Proveedores Mineros de la Provincia, Mario Bensimón, expresó que «una ley provincial no puede prohibirnos derechos que el Código de minería reconoce al descubridor del yacimiento» y afirmó que están dispuestos a reclamar la inconstitucionalidad del proyecto de iniciativa popular de las Asambleas Ciudadanas que apunta a prohibir la actividad en la provincia. «Los códigos son potestad del Estado nacional y las provincias no pueden declararse independientes y desconocerlos», determinó.

Lo que dice la Ley

Le respondió al presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Enrique Viale, quien manifestó que «quienes dejen ingresar la minería a Chubut serán recordados para la historia». Según consideró Bensimón, además, «confunde dos cuestiones. Cuando habla de constitucionalidad del proyecto habla de la constitucionalidad de la posibilidad de presentar un proyecto de iniciativa popular, cosa que no está en duda», aclaró. «Ahora bien -siguió Bensimón-, eso no implica que el proyecto que se eleve a la Legislatura no tenga un test de constitucionalidad».
Explicó que «ahí es donde tenemos diferencias. Consideramos que el proyecto de ley en cuestión que habla de prohibir la actividad minera deroga derechos que el Código Nacional Minero prevé y esto no lo puede hacer una ley provincial».
«El legislador provincial tiene límites que pasan por textos constitucionales nacionales y provinciales. El Nacional, de 1853, prevé que las provincias delegaron en el Estado nacional la facultad para legislar sobre el derecho de fondo. Los códigos son potestad del Estado nacional y las provincias no pueden declararse independientes y desconocerlos», determinó.
Afirmó la posibilidad de que el sector minero plantee una acción conjunta teniendo en cuenta que hay otras seis provincias con proyectos similares, y detalló: «en este momento Mendoza está discutiendo la constitucionalidad de un proyecto similar. Estas cuestiones están siendo analizada en todo el país y la Corte Suprema siempre estableció límites a las provincias que decidieron exceder sus facultades avanzando sobre las propias del Estado nacional».

Consulta engañosa

Consultado sobre la posibilidad de que en una consulta popular la mayoría se expresara por el “no a la minería”, Bensimón dijo que «ese tipo de consulta sería engañosa. Las consultas que se prevén legalmente tienen que ver con las licencias sociales de cada proyecto. Quienes se encuentran habilitados son los vecinos de las localidades de impacto de los proyectos. Los vecinos de la meseta donde se encuentra el impacto de los proyectos mineros más avanzados deberían ser los exclusivos consultados», indicó.
Luego de que Viale expresara que la minería no da trabajo y desarrollo y citara el caso de Catamarca, con la pobreza que se registra en esa provincia, respondió: «esta cuestión de tomar los ejemplos que intentan favorecer el argumento que pretenden sostener no es una práctica de buena fe en términos de debate público. Viale omite hablar de otros ejemplos como San Juan: Cada provincia tiene una serie de condicionamientos que tienen vinculación con la conclusión a la que podamos llegar. Por eso elige Catamarca y no San Juan o Santa Cruz», aseguró.
Disparó: «yo trato de que cada zapatero se dedique a su zapato, y que los abogados hablemos de leyes y guardemos la guitarra en el ropero, cuando no tenemos un conocimiento absolutamente claro».
«Si de trabajo se habla estamos previendo que dentro de los datos con los que contamos que el impacto laboral que tendrá la zona de los proyectos Navidad y Cerro Solo es muy relevante. En el momento de construcción el Proyecto Navidad prevé contar con 3 mil personas en los 3 años de construcción de la planta más los proveedores que deben afincarse en la zona, cada un trabajador directo se estiman tres indirectos», indicó.
«Debemos hacer una evaluación macro más acabada con números concretos», consideró. Confirmó finalmente que si el proyecto de iniciativa popular se convirtiera en ley al día siguiente plantearían la inconstitucionalidad. «Claramente -remarcó. Nuestro país nace con una Constitución que tuvo como objetivo central la unión nacional. Si cada provincia va a tener la facultad de vulnerar los códigos de fondo estaríamos haciendo un modelo absolutamente distinto y vulnerando 160 años de historia última pasada», finalizó.