Herencias, logros y retos

Juan Carlos Radovich, Alejandro Balazote, Sebastián Valverde, son directores e integrantes –respectivamente- del programa “Economía política y formaciones sociales de fronteras: Etnicidades y territorios en redefinición”, en Antropología Social, Instituto de Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Los reconocidos especialistas derramaron su visión de lo que representa la conmemoración de este día, en una nota exclusiva para El Diario:
“Hasta hace cuatro años se denominaba al 12 de octubre “Día de la Raza”, recordando la llegada de Cristóbal Colón a tierras americanas, en el año 1492. Cierta narrativa acrítica respalda el festejo y, como toda construcción discursiva, selecciona y reformula ciertos elementos ocultando otros. Destaca heroicidades y grandezas, resalta beneficios y aportes, justificando sus “aspectos negativos” al señalar la “inevitabilidad” del proceso histórico de conquista. Poco nos dice sobre el etnocidio, el genocidio y la explotación sufrida por los pueblos originarios. La invisibilización de estas poblaciones fue un elemento constitutivo de semejante representación. Resulta sorprendente escuchar aún hoy que “en la Argentina no hay indios”, o que “los argentinos venimos de los barcos”, aseveraciones que evidencian hasta qué punto dichas narrativas han permeado en la sociedad.
Las acciones militares o -para decirlo más claramente- el genocidio llevado a cabo por el Estado se justifican a partir de la construcción de opuestos como el de “civilización-barbarie”. La violencia de esta clasificación confina a los pueblos originarios al polo donde prima lo “arcaico”. El “atraso”, la “improductividad”, la “irracionalidad” en el uso de los recursos, en definitiva la presunta “barbarie” imperante en los territorios indígenas constelaba un escenario que ineludiblemente culminaría con la “llegada de la civilización”. De este modo, el “progreso” y la “modernidad” aún hoy son utilizados eufemísticamente para validar el “desarrollo” y la profundización de un modelo económico que en sus orígenes fuera impulsado por la oligarquía latifundista bonaerense. No se trataba de una noción de progreso inclusiva y homogénea, por el contrario, remitía a la implementación de un patrón de acumulación que beneficiaba exclusivamente a las clases dominantes. El incipiente Estado/Nación presentaba a las poblaciones originarias como una hipótesis de conflicto militar, a partir de la formulación de la amenaza del “malón salvaje”, a tal punto que, hasta bien entrado el siglo XX, la dependencia burocrática encargada del “problema indígena” fue nada más y nada menos que el Ministerio de Guerra.
Estas narrativas, lejos de haber perdido vigencia, aún se reproducen en los medios hegemónicos. La defensa de la figura del General Julio A. Roca, comandante de las campañas militares que sometieron a las poblaciones indígenas asentadas en el sur de nuestro país, es una constante. Los argumentos se centran en justificaciones valorativas que obliteran los hechos. Se destaca el aporte a la “soberanía nacional” de Roca, ícono de un “orden” reclamado por las clases dominantes e impulsor de una paz militar que permitió reprimir, no sólo a las poblaciones indígenas, sino a otros sectores populares.
Dicha construcción discursiva plantea que la “guerra” (no el genocidio) que permitió controlar los territorios australes, fue necesaria para “construir el Estado nacional”. Fueron esas acciones militares las que posibilitaron la delimitación de fronteras acaecida a fines del siglo XIX, fijación de límites que –según esta mirada- nos habría puesto a resguardo de las pretensiones territoriales chilenas. Así, la conformación de una geopolítica ficcionalizada, resulta altamente funcional para justificar la matanza y el desarraigo de los pueblos originarios.
Durante los últimos años, diversos cambios se han producido en las políticas públicas asociadas a las cuestiones indígenas en nuestro país, en especial en el ámbito jurídico –a partir del reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los diversos pueblos-. También existe en la actualidad una solidaridad por parte de amplios sectores sociales, hacia las demandas y reivindicaciones de los pueblos originarios y un interés por conocer y escribir la “otra historia”. En esta línea es que se viene revisando –y han comenzado a investigarse judicialmente- las masacres efectuadas hacia los pueblos Qom, Moqoit y Pilagá en la región chaqueña, como la de Napalpi (del año 1924); El Zapallar (1933) o Rincón Bomba (1947).
Estos cambios están estrechamente relacionados con las transformaciones políticas acaecidas en nuestra sociedad desde la recuperación de la democracia y con las acciones de las organizaciones indígenas en su lucha por obtener el reconocimiento de sus múltiples derechos.
Pero también debemos advertir que existen enormes “deudas pen¬dientes” y derechos que distan de su concreción efectiva. Incluso en algunas regiones específicas donde el avance de diferentes emprendimientos económicos viene afectando los territorios ancestrales, la situación se ha agravado en los últimos años. A la vez, permanentemente, se publican y difunden mensajes en medios periodísticos, que empleando argumentos largamente refutados, niegan la preexistencia -y por consiguiente los derechos- de los pueblos originarios. Tal es el caso de la falaz y reiterada atribución del pueblo Mapuche como presuntamente de origen chileno, cuando está largamente demostrada su presencia con anterioridad a la conformación de los Estados-Nación chileno y argentino.
En este complejo escenario, el 12 de octubre nos encuentra revisando nuestra historia. Exigir memoria, verdad y justicia para los pueblos originarios implica, por un lado, romper estigmatizaciones y ocultamientos y, al mismo tiempo, propiciar medidas concretas que reviertan la situación de postergación en que se encuentran nuestras poblaciones originarias. A la vez, es necesario investigar y reparar en el genocidio y etnocidio perpetrado a de fines del Siglo XIX y masacres (como las antes mencionadas) del XX. Conmemorar esta fecha sin procurar estos cambios, constituye un acto más de exclusión sobre un sector que permanentemente ha enriquecido nuestra nacionalidad”.