Dos debates sobre megaminería y financiamiento a las Universidades

Coincidieron con apenas un día de diferencia en nuestra ciudad. Uno, el jueves 2. Otro, el viernes 3. El primero, en el Hotel Rayentral. El segundo, en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) sede Puerto Madryn.
Ambos, con experimentados disertantes. Los ingenieros Hugo Nielson, secretario de Vinculación Productiva Sustentable en Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), y Alberto Salas Muñoz, presidente de la Sociedad Nacional de Minería de Chile,en el primer caso. En el segundo, los abogados Oscar Romero, presidente del Colegio de Abogados de Trelew, y Silvia de los Santos, especialista en derecho ambiental; junto al ambientalista Pablo Lada Palicio, integrante de la Unión de Asambleas Ciudadanas de Chubut, organización que presentó por Iniciativa Popular la “Ley para establecer parámetros de sustentabilidad ambiental en las explotaciones mineras”.
El debate convocado por empresarios, con los logos del Gobierno del Chubut, las Municipalidades de Puerto Madryn y Trelew; el CenPat-Conicet; la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y la Facultad Regional Chubut de la Universidad Tecnológica Nacional, que auspiciaban y patrocinaban junto a otras firmas empresariales.
El debate convocado por los estudiantes de Ciencias Jurídicas, no llevó ningún logo; ni siquiera consiguió el aval institucional.
En el hotel cinco estrellas, se dijo que Argentina está ligeramente por encima de los impuestos que se cobran en minería en otros países, lo cual nos da una desventaja comparativa que no es aconsejable en épocas en que los precios internacionales están bajos (ver El diario, viernes 3-10).
En la sede académica, se dijo que por la Ley 24.196 de Inversiones Mineras, las empresas tienen estabilidad fiscal por 30 años y están exentas del impuesto a las ganancias, al cheque, a las importaciones, entre los más importantes (ver El Diario, lunes 6-10)
De esta forma el Presidente del Colegio de Abogados local, Romero, salía al cruce de las declaraciones del secretario de la UNSAM, Nielson. Este ingeniero, en 2008, había promovido y defendido un convenio de capacitación entre la UNSAM y Minera La Alumbrera sin autorización del Consejo Superior. Cuando, en diciembre de ese mismo año, los estudiantes de la agrupación Tribuna Ambiental denunciaron esta irregularidad, el convenio quedó sin efecto.
El hecho guarda asombrosa similitud con lo ocurrido en nuestra sede universitaria.
También durante todo el año 2008 y sin que pase por ninguna instancia institucional, la minera Aquiline Resources desarrolló una «capacitación ambiental» con docentes y egresados de la UNPSJB sede Trelew, en las localidades de Gan Gan, Gastre, Lagunita Salada, Yala Laubat y Blancuntre. Recién cuando dicha irregularidad fue denunciada ante el Consejo Zonal Universitario de Puerto Madryn, el convenio no fue renovado.
Del análisis de ese proceso y de cómo actuaron (y siguen actuando) los actores involucrados, podemos detectar un modus operandum, por el cual, las multinacionales entran a la universidad pública a través de convenios de capacitación. Encuentran su justificación en la necesidad de recursos por parte de la Academia, pero la razón de fondo es que se subestima la relación dependiente entre las variables “aceptación de financiamiento externo” y “condicionamiento en la labor de investigación”.

Mgter. Ana Mariel Weinstock
Magdalenas – Puerto Madryn