Pérez Galimberti cuestionó a Báez y a Pérez Bogado

El defensor general alterno de Chubut, Alfredo Pérez Galimberti, sostiene que el fiscal en jefe de Puerto Madryn, Daniel Báez, y la jueza Marcela Pérez Bogado se estarían prestando a un operativo de “judicialización de la política”, con una acusación contra funcionarios que podría implicar “procesar a todos los empleados de la empresa Alpesca como partícipes de ese delito” de presunta administración fraudulenta, ya que los fondos cuestionados fueron a las cuentas de los trabajadores.
En opinión Pérez Galimberti, el fiscal Báez, y la jueza Pérez Bogado se estarían prestando a un operativo de “judicialización de la política” y justificó la decisión de no asistir a Tribunales por parte de la ministra Gabriela Dufour, y los integrantes del comité de intervención en la pesquera, porque “hay una actuación que ha llevado adelante la defensora Gladys Del Balzo ante el Superior Tribunal de Justicia consistente en un hábeas corpus protestivo”.
Ese recurso es “para impedir que se concrete cualquier medida de compulsión sobre la ministra y sobre las otras personas que están indicadas en esta investigación que lleva adelante la Fiscalía de Puerto Madryn. La medida también comprende la investigación fiscal asentada en la ciudad de Rawson, que alcanza al gobernador Martín Buzzi, a los ministros que suscribieron los decretos y contra el directorio de Corfo”.
Pérez Galimberti explicó que “la Constitución de la Provincia del Chubut ha determinado que algunos funcionarios tienen fueros, entre ellos el Gobernador y los ministros, porque la norma pretende que se ocupen de su trabajo antes que otra cosa”.
“Hay una diferenciación clara entre delitos comunes, faltas y delitos en la función pública”, y “todo delito que se imputa como cometido en el ejercicio de la función pública supone un mal desempeño. Entonces, si el organismo político administrativo, sea el juicio político o tribunal de enjuiciamiento, determina que no ha habido mal desempeño, no queda materia para el tipo penal y consecuentemente desaparece”.
“Para el caso original de Alpesca los jueces hicieron lugar al pedido del fiscal sobre la apertura preliminar de investigación, la que fue recurrida y llegó al Superior para que resuelva”, pero a su vez, “hay una Ley provincial que permite que los funcionarios aforados puedan ser investigados por delitos, sin que se produzca el desafuero, si es que se presentan a declarar y no hay que hacer una compulsión con su persona”, añadió Pérez Galimberti.
“Esa Ley puede o no entrar en colisión con la Constitución Provincial. Si se refiere a los delitos comunes, no entra en colisión con la Constitución, pero si se la quiere interpretar extensivamente está borrando la letra expresa de la Constitución. Por ese motivo hemos pedido al Superior Tribunal que determine cuál es la interpretación correcta de esa Ley, si lo permite o no”, indicó.