Los penales que vienen

Un tema candente entre Nación y provincias petroleras es probable que se dirima en medio del entusiasmo futbolero que nos ocupará este mes. Al parecer entre los papeles que analizó cuidadosamente la Presidenta esta semana en Santa Cruz estarían los que le han acercado de la oficina de Julio De Vido sobre lo que le pedirán los gobernadores de las provincias petroleras para los nuevos contratos con empresas privadas, una batalla sorda que hoy libran con la YPF de Miguel Galuccio, pero que compromete a las demás.
Los gobernadores saben que, en los despachos más cercanos al de Cristina, los asesores de Carlos Zannini preparan contra reloj una nueva Ley de Hidrocarburos sobre la que tienen -por lo que conocen del borrador- más de una objeción.
Hasta ahora, el sector se rige por la llamada “Ley corta” que es lo más que logró el kirchnerismo en el Congreso, y que apenas reglamenta la cláusula constitucional de que los recursos les pertenecen a las provincias y pone en un 20% las regalías que deben pagar los contratistas.
YPF ha pedido nuevas normas legales porque dice que en las anteriores no están previstas las condiciones de la explotación del shale, que impone nuevas formas de trabajo, de inversión y que hay que adecuar a ese nuevo negocio que es la panacea criolla hasta nuevo aviso. Pero las objeciones más duras a ese proyecto son para el régimen que les impone a las empresas provinciales de energía que los gobernadores de los principales distritos petroleros (Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Mendoza) están obligando a que sean socios de los nuevos contratos. Según la percepción de la industria -entre ellas YPF-, en esos nuevos contratos las provincias imponen como socio a la empresa provincial con un porcentaje a cambio de no invertir un peso, además de reclamar un canon adicional que aumente la regalía por encima del 20% y a liquidar por adelantado. Esas empresas provinciales, además, no tienen tecnología para los trabajos y subcontratan su participación a pequeñas petroleras locales, presumiblemente ligadas a funcionarios, que en realidad buscan explotar el negocio inmobiliario que va de la mano del petrolero, en una nueva cesión a cuartos participantes a cambio de pagos por zonas encarecidas por el contrato original.
Esa intervención, dice el sector, encarece los contratos y ahuyenta a los inversores. YPF ya se retiró de un paquete de licitaciones en Mendoza y logró, vaya a saber a cambio de qué, que Neuquén retirase de la Legislatura local un proyecto de ley para brindarse alguna iniciativa nacional, ésa que quieren discutir los gobernadores el 9 de junio.
Esta diferencia entre las provincias que reclaman fueros por poseer el recurso y la Nación que entiende que maneja los proyectos a nivel federal, es una pelea que viene del fondo del tiempo, se atornilló con la reforma de 1994 que ratificó esa posesión provincial, tuvo un pico alto en 2000 cuando Neuquén renegoció áreas con Repsol y la Nación logró manotearle u$s 300 millones para autorizar el trámite, y volvió con el debate de la ley corta o la ley larga, una intención de Néstor Kirchner de asegurar los privilegios de la Nación ante lo que consideran en el Gobierno es un avance de los gobernadores-jeques.
Es una diferencia de esas de fondo que se arrastran, como el reparto de los impuestos por las normas de coparticipación, en la que nadie cede nada y se amortiguan los estallidos por temas que en otros momentos de la historia hubieran motivado una guerra civil.

En detalle

En este contexto, la pelea de Galuccio (CEO de YPF) y los gobernadores por el manejo de las áreas petroleras viene creciendo y el pico de mayor tensión se dio el mes pasado cuando YPF se retiró de la licitación de ocho áreas petroleras en Mendoza, tras una fuerte discusión entre Francisco «Paco» Pérez y directivos de la compañía.
El fondo de la pelea es el intento de Galuccio por modificar la Ley de Hidrocarburos y limitar el accionar de las provincias con el “sistema de acarreo”.
Este es el escenario previo a un encuentro que Cristina mantendrá en estos días con los gobernadores petroleros, donde el ministro de Planificación, Julio De Vido ya intervino adelantando que se buscará un equilibrio.
Al parecer el ministro aprovecharía sus vínculos para limar un poco a Galuccio. A partir de la relación de confianza de larga data con los mandatarios provinciales, el superministro aprovecharía para volver a ganar poder en el manejo del negocio petrolero, donde fue corrido por el CEO de YPF y por Axel Kicillof tras la expropiación. De Vido ha demostrado de hecho su muñeca para recuperar poder ante escenarios turbulentos, tal como hizo con intendentes o más recientemente con los gremios del transporte público.

El borrador de la nueva Ley

En paralelo a la intervención de De Vido, los gobernadores de provincias petroleras recibieron la semana pasada un borrador con los cambios a la Ley de Hidrocarburos que la Casa Rosada busca imponer a pedido de Galuccio, y que habían sido desmentidos incluso por el propio De Vido.
Aunque el borrador que envió Carlos Zannini es bastante amplio en sus conceptos confirma las intenciones del CEO de YPF, que pretende congelar las regalías que cobran las provincias y limitar el “acarreo”, entre otros puntos.
El texto, adelantado por el portal MDZ Online y publicado completo por el diario Río Negro, sostiene que Nación y las provincias del OFEPHI propondrán al Congreso un complemento normativo de las Leyes 17.319 y 26.197 con la finalidad de reglar la explotación no convencional de hidrocarburos, la exploración y explotación off shore y en zonas de riesgo; el establecimiento de presupuestos mínimos para un ejercicio regulado, previsible y homogéneo de los mecanismos de selección de los concesionarios; el establecimiento conjunto de mecanismos de promoción fiscal a esas actividades”.
Aunque aclara que se trata de un “borrador base para su discusión”, Nación ya adelanta sus intenciones en varios de los puntos que propone para debate.
El primer punto establece que se debatirán los “plazos para explotación y explotación diferenciados conforme las nuevas tecnologías”. Esto es una exigencia de las empresas inversoras que pretenden concesiones a plazos más largos que los que ofrecen las provincias, como en el caso de Chevron que se aseguró la explotación de una zona de Vaca Muerta por 35 años.
El texto también señala que el gobierno pretende congelar las regalías a las explotaciones no convencionales, con lo que echa por tierra las intenciones de las administraciones provinciales de aumentar el canon que cobran.
En otro punto, exige “programas fiscales y tributarios” que sean “homogéneos y estables”. Esto estaría relacionado con la intención de la Rosada de igualar las tasas de Ingresos Brutos que cobras las provincias. Este punto agrega que se debatirán los “beneficios a conceder una vez logrado el autoabastecimiento”, abriendo la puerta a que las provincias puedan tener más beneficios pero a futuro.
Finalmente, el punto 3 del borrador es el que podría poner fin al “acarreo”. “Mecanismos de adjudicación de áreas por licitación competitiva, buscando la mayor concurrencia y priorizando ofertas que propongan la mayor inversión/actividad exploratoria”, establece. Esto dejaría afuera a las empresas estatales de las provincias, que ingresan a las explotaciones sin poner dinero y seguramente será el punto que más tensión generará con los gobernadores. Un tema que se las trae. Habrá que ver…

Fuentes: Ambito Financiero, LPO, NA, propias