Omar Segundo buscaría una conciliación en la acusación por amenazas
En una breve audiencia, Omar “Cura” Segundo fue imputado formalmente por la presunta comisión del delito de “amenazas agravadas” contra juez Marcelo Orlando, disponiéndose la apertura de investigación. El defensor del acusado, Fabián Gabalachis, no hizo objeciones a la apertura de investigación, pero pidió que se revisaran los hechos, lo que tendría como propósito, solicitar que se cambie la calificación de la imputación y de ese modo invocar una solución alternativa al conflicto. La pena por “amenazas agravadas” supone una pena de entre 5 a 10 años de prisión. En tanto la conciliación aplica en aquellos delitos cuya pena mínima no supere los tres años.
El caso
Según las argumentaciones para la acusación, cuando el juez Marcelo Orlando rechazó un escrito presentado por Omar Segundo para viajar a Buenos Aires por “la falta de indicación de motivos mínimos y validos que permitan dar curso a la autorización solicitada”, el imputado se presentó en Tribunales y ante personal de mesa de entradas de la Oficina Judicial manifestó que le otorguen la autorización y habría dicho “le voy a pegar un tiro” en clara alusión al juez, retirándose luego del edificio. El magistrado hizo la denuncia, por “amenazas agravadas”, y el hecho derivó en la apertura de investigación que le otorga a la Fiscalía un plazo de seis meses para que investigue los hechos.
Apertura de investigación
La audiencia de apertura de investigación se realizó este miércoles, en Tribunales. La jueza Marcela Pérez Bogado hizo lugar a la petición de la Fiscalía y dispuso la apertura del proceso penal. Además, indicó que existe el “peligro de fuga” y el “peligro de entorpecimiento”, por lo cual el empresario deberá cumplir distintas medidas, como realizar presentaciones semanales en Tribunales y también tendrá una prohibición de acercamiento tanto al magistrado Marcelo Orlando como a los empleados de Tribunales que declararon en la causa.
Sobre este último punto, Gabalachis aclaró que la restricción no se podía cumplir en el caso de Tribunales porque allí se desempeñan el denunciante y los testigos, y es allí donde su defendido debe acudir para realizar las presentaciones semanales. Con lo cual la prohibición de acercamiento no aplicaría al edificio de Tribunales.
En silencio
Omar Segundo, representado por el abogado Fabián Gabalachis, decidió no declarar ante la jueza. Al momento de requerir que se aclare el relato de los hechos, Gabalachis, sugirió que según se desprende del acta donde figura la declaración de los testigos, Segundo habría dicho: “si a mi hermano le cortan la pata, le pego un tiro al juez”, lo cual podría cambiar la calificación de «amenazas agravadas» a la de «amenazas», que prevé una pena menor, y en ese contexto sugirió que existe la posibilidad de arribar a una “solución alternativa al conflicto”, tal como está prevista en el Código Procesal Penal, tal el caso de la conciliación. Al respecto la jueza sostuvo que “de ser peticionado, será evaluado”.
Este planteo de Gabalachis no implica el reconocimiento de la existencia de los hechos, sino que pretende aclarar la calificación del presunto delito y en ese contexto analizar la estrategia para la defensa.
Los testigos y la defensa
La Defensa afirmó que los dichos de los funcionarios de fiscalía eran erróneos ya que en ningún momento su defendido hizo mención al juez. “Yo no me baso de los dichos de mi representado, ni por algún comentario de entrevistas, sino que me baso pura y exclusivamente en lo que han volcado en el acta del las entrevistas que ha presentado el Ministerio Público Fiscal. Ambos empleados dijeron cosas distintas a las que está planteado la Fiscalía, lo que da a entender que han querido parchar esa circunstancia invocando que no ha sido volcado en el acta pero que ellos escucharon algunas otras cosas más”, sostuvo Gabalachis.
“Lo que se hace ante una circunstancia como ésta es escuchar cuál es la plataforma fáctica en la cual la Fiscalía va a basar la investigación, pero lo cierto es que como en el presente caso esa plataforma debe tener un correlato con las pruebas que el Ministerio Público Fiscal alega y ello no ocurrió”, advirtió el defensor, al tiempo que agregó que lo que en realidad los empleados dijeron es que Segundo habría dicho “Si a mi hermano le cortan la pata, le pego un tiro”.
“Los funcionarios de Fiscalía pretendieron minimizar ésta situación, pero de todas maneras no ha existido objeción alguna por parte de nuestra parte para que se continúe investigando” afirmó, pero el argumento que esgrime Gabalachis podría ser considerado para un cambio de calificación de delito y por tanto tendría sentido la mención que hizo respecto de la conciliación.
El Defensor de Segundo, no profundizo ante el requerimiento sobre otras causas que involucran a su defendido ya que, el en caso de la investigación por presunta estafa en la venta del paquete accionario de la empresa Alpesca, se encuentra en proceso de investigación; y respecto de la causa federal sobre presunto comercio de estupefacientes, se limitó a recordar que hasta el momento no hay proceso porque el caso se encuentra en instancia de apelación de la Cámara Federal.
