Más del 60 por ciento de la población penitenciaria estudia

Según el análisis de las estadísticas de los últimos diez años, se puede establecer que más del 60 por ciento de la población del Sistema Penitenciario Federal, estudia en el sistema educativo formal en los niveles primario, secundario, terciario y universitario de grado y posgrado. Un porcentaje similar de condenados trabaja y percibe el salario mínimo como parte de su resocialización y posterior reinserción social.
Datos relevados indican que Argentina, es líder en materia de políticas de resocialización en comparación con otros países de la región latinoamericana.
El Gobierno nacional ha desarrollado una serie de políticas públicas en materia de Justicia y Derechos Humanos, que promueven mayor celeridad en el sistema judicial, abordaje multidisciplinario sobre la violencia, lucha contra la trata de personas y consolidación de los Derechos Humanos con estricto control de las instituciones, que ente otros aspectos previene los abusos en los ámbitos de detención, con una formación más social y menos militarizada del personal penitenciario.
En este sentido el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, ha ratificado en cada declaración sobre el Servicio Penitenciario, que existe el firme compromiso del Gobierno nacional con los postulados del nuevo paradigma en materia de políticas penitenciarias y tratamiento de las personas privadas de la libertad.
Lo que se ha propuesto desde 2003, es mantener adecuados niveles de seguridad en las prisiones, promover la plena resocialización de los condenados y reducir la reincidencia en el delito.

Ejes estratégicos

Desde el Servicio Penitenciario Federal (SPF), se ha propuesto desarrollar ejes estratégicos que se traducen en el aumento sostenido de la cantidad de internos e internas que estudian y trabajan durante el cumplimiento de sus condenas.
En materia de resocialización, el Servicio Penitenciario Federal, “ha merecido el reconocimiento de la comunidad internacional”, sostuvo oportunamente el ministro Alak, quien asegura que “el programa que viene desarrollando el Servicio Penitenciario Federal en los últimos años representa un punto de referencia valioso para los demás países de la región”.
Los avances en la implementación de políticas penitenciarias favorables al reconocimiento de la población reclusa como sujeto de derecho, son parte de ese nuevo paradigma, que no haya duda alguna sobre cual es el principio que se aplica en relación a la reclusión, el de resocialización para su posterior reinserción social.

Sin superpoblación

La resocialización plena de las personas privadas de la libertad supone un beneficio para el conjunto de la población.
Según las estadísticas de 2012, el Servicio Penitenciario Federal se ubicaba como el único sistema carcelario de América Latina sin superpoblación y con infraestructura acorde al nuevo paradigma penitenciario. Con espacios concebidos para el desarrollo de programas de enseñanza, formación profesional, cultura y reconstrucción de lazos familiares.
No hay dudas que el trabajo y la educación reducen significativamente la reincidencia en el delito. “Sólo entre el 5 y el 6 por ciento de los internos que estudian vuelve a delinquir cuando recupera la libertad, y esa tasa cae al 0% en los casos de quienes egresan del sistema penitenciario con un título universitario”, aseguraba en recientes declaraciones el ministro Alak.