Un juez prohibió a “Cura” Segundo acercarse a la planta de Alpesca

Se dispuso la apertura de investigación para Omar “Cura” Segundo y Federico Otero por la presunta comisión del delito de “estafa”. El juez dispuso que Segundo no se pueda acercar a la planta pesquera ni pueda salir de la provincia sin autorización.
En horas del mediodía del miércoles, el juez Orlando determinó formalmente la “apertura de investigación” para Federico Otero, Omar “Cura” Segundo y su hijo Juan Paulo por su la presunta comisión del delito de “estafa” en la venta de la empresa pesquera Alpesca.
El magistrado notificó su resolución, donde dispone de la apertura de investigación “por el plazo legal de seis meses en relación a Héctor Omar Segundo, Juan Paulo Segundo y Federico Fermín Otero, por los hechos respecto de los cuales fueran anoticiados y en orden al delito de “estafa” previsto y reprimido por el artículo 172 del Código Penal”.

Medidas para Segundo

Orlando dictaminó también diversas medidas que Omar Segundo debe cumplir, si así no lo hiciere podría ser detenido y apresado durante el proceso.
Según se desprende de la resolución del juez se dispone en relación a Héctor Omar Segundo, “la siguientes medidas sustitutivas: mantener actualizado su domicilio debiendo informar cualquier modificación en relación al mismo; la Obligación de presentarse una vez por semana ante la OFIJUD de esta Ciudad; la Prohibición de concurrir y presentarse a la Firma Alpesca S.A. por si o interpósita persona; Prohibición de salir del país y de la Provincia del Chubut sin autorización previa, todo ello por el plazo de 60 días”.
En relación a los hechos investigados preliminarmente, el fiscal Báez había manifestado que hubo un intento de entorpecimiento de la investigación por parte de Omar Segundo, al señalar que “el 22 de enero dirigió al SOMU y STIA una nota donde confirma y ratifica que realizó la transferencia del paquete accionario de Alpesca a Federico Otero” y “el 20 de febrero, un mes después, intenta sacar 700 toneladas de mercadería de las cámaras”. Por otra parte Báez indicó que Segundo, realiza la denuncia de robo de los libros pero uno de los testigos citados por Segundo “negó que sea cierto y el otro dijo que a esa fecha estaba en EEUU”, y en ese contexto solicitó al juez que dictamine que Segundo no pueda salir de la ciudad sin notificación.
Las medidas adoptadas por el juez se corresponden con los requerimientos de la Fiscalía, y se sustentan en la necesidad de prevenir que haya entorpecimiento alguno en el proceso.
Cumplidos los seis meses de investigación con los que cuenta la Fiscalía para colectar elementos probatorios, se procederá a la formulación de la acusación.

La defensa

En ocasión de hacer sus planteos, los abogados Fabián Gabalachis y Oscar Romero, representantes de Segundo y Otero, respectivamente, rechazaban la apertura de investigación por entender que se trata de “un disparate jurídico”, arremetió el abogado Oscar Romero, sobre el particular, y en ese marco asevera que “se produjo la transferencia, no hay siquiera un pedido de concurso o situación que amerite para decir que la empresa se está por presentar en quiebra”, dijo para argumentar su posición.
El abogado sostiene que “la simulación no es reprobada por la ley cuando a nadie perjudica ni tiene fines ilícitos. Poco importa si es simulada toda vez que si existe no perjudica a nadie, porque es transferencia de acciones. Los acreedores no solicitaron la quiebra y hablar de perjuicio por simple transferencia accionaria no resiste análisis”, y con esas palabras solicitaba que se diera por tierra con la investigación.
En tanto que el abogado Fabián Gabalachis, que representa los intereses de Omar Segundo, afirma que con la transferencia de empresa, “no hubo perjuicio patrimonial en los acreedores. Estaban mal y siguen mal”, dijo al tomar posición.
Sin embargo los argumentos de los defensores no fueron suficientes, y ahora deberán preparar una defensa para sus representados que se encuentran más cerca de ir a juicio.

Venta simulada

El fiscal Báez sostiene el argumento de que se habría simulado la venta del paquete accionario de Alpesca, y en ese marco afirma que “Segundo no recibió pago alguno por parte de Otero y además el monto de la venta resulta irrisorio”, por lo que entendiendo que existen elementos sobrados para iniciar la investigación.
“Acá hay algo más que una simple transferencia de acciones: hay perjudicados con nombre y apellido que hace cuatro meses que no cobran sus haberes”, sostuvo Báez al realizar su planteo ante el juez, en la audiencia del martes último.
Cabe recordar que en los próximos días, Rosa Chico, madre de Federico Otero, deberá ser notificada por la Oficina Judicial, para que tome conocimiento sobre la investigación que se hará sobre su presunta participación en el delito que se le imputa a su hijo.

600 toneladas de pescado

El dato novedoso es que Otero anticipó que entre sus próximos pasos se encuentra la intensión de retirar de las cámaras de frío de la planta de procesamiento de Puerto Madryn, el remanente de 600 toneladas de materia prima, las cuales asegura ya las tiene vendidas, y que no pesa ningún impedimento judicial para disponer de las mismas ya que, según argumenta, es el dueño de la empresa y puede disponer de la mercadería que allí se mantiene depositada.
Dijo que no lo hará intempestivamente, pero desconoce al Comité de Administración que encabeza Omar Albornoz, quien por medio de un decreto firmado por el gobernador Martín Buzzi tomó en custodia la planta y los barcos de la compañía. Los letrados de Otero afirman que ese instrumento carece de juridicidad y que no media ninguna orden de un magistrado que le impida, en este momento, a Otero a disponer de los activos de la empresa, más allá de los embargos que se han tratado, pero no alcanzaría la mercadería hallada en las cámaras.
Se avizora una judicialización de todo el proceso, y Otero con sus nuevos representantes legales rechazan el proyecto de expropiación que impulsa el Gobierno, al tiempo que ratifican que demandarán al Estado por considerar “ilegítima” la ocupación que hicieron de la planta y los buques, aunque en los últimos días, el Comité de Administración, así denominado por vía de un decreto provincial no volvió a ingresar a las instalaciones de la pesquera.