Habrían solicitado la quiebra de Alpesca

Uno de los cientos de acreedores de Alpesca que forman parte del pasivo de 270 millones de pesos habría interpuesto, en las últimas horas, un requerimiento formal ante un Juzgado Comercial que se abra el proceso de quiebra de la compañía. Se trataría de una empresa naval que reclama créditos por algo más de 120 mil pesos, y al considerar que se reúnen los requisitos fácticos que prevé la Ley de Concursos y Quiebras, habría formalizado el pedido para que Alpesca sea liquidada y así poder cobrar su acreencia.
La presentación haría mención a que la empresa no ha dado muestras de voluntad de pago de la acreencia, la firma está paralizada y sin ingresos, lo que no hace previsible que pueda hacer frente a sus obligaciones contraídas.
Con ese escenario, y ante la posibilidad que el estado chubutense le confisque bienes y activos, lo cual despojaría a Alpesca de poder pagar los créditos incumplidos, es que se reclamaría el inicio del trámite de quiebra en los términos que establece la legislación comercial argentina.
El dato tiene una relevancia significativa, toda vez que en el caso que un magistrado haga lugar a la presentación de la acreedora, como es de rigor, dictaría una medida de inhibición sobre el total de los bienes que forman parte de la compañía y quedarían bajo el control de una sindicatura.
En el medio se abre el plazo para certificación de acreencia, donde cada uno de los acreedores deberá demostrar que Alpesca le debe, y posteriormente, si la empresa no se aviniera a presentar un plan de pagos, se procederá a la liquidación de los bienes, tal como sucedió con el caso Harengus.
La inhibición total de los bienes, bloquearía definitivamente el proceso de expropiación que pretende llevar a cabo el gobierno. El ejemplo más cercano, es el caso de la pesquera Vieira en la provincia de Santa Cruz. El gobierno de la vecina provincia impulsó y aprobó la expropiación de barcos y la planta de la empresa española, pero un juez comercial que tramita un concurso preventivo inhibió los bienes y desestimó que con una ley provincial se pueda subyugar la legislación nacional, aduciendo que ello implicaría lesionar los legítimos derechos de los acreedores.
La historia podría repetirse en Chubut.