Figuritas repetidas

Cuando se avanza contra el interés de las corporaciones económicas, no hay alianza política ni investidura institucional que valga. Sencillamente porque la ‘guita’ es la ‘guita’ para estos sectores acostumbrados a ganar a cualquier costa. Y eso incluye todo tipo de maniobras hasta incluso la siempre vigente ‘compra de voluntades’ si fuera necesario.
Resulta que en Mendoza, el juez Carlos Böhm enfrenta ahora un juicio político que denuncian, sería motorizado por el Grupo Uno.

¿Quién es el juez?
Carlos Böhm, de prestigio como especialista en Derecho Penal, tiene un pasado peronista: fue legislador provincial por el PJ en los 80 y a principios de los 90 fue propuesto para integrar la Suprema Corte de Justicia por José Bordón. A su vez, su hijo, Luis Böhm, fue ministro en la gestión de Celso Jaque y Paco Pérez lo puso al frente de la estatal empresa de aguas, Aysam.

Todo sirve
La embestida contra el veterano juez supremo de Mendoza por mal desempeño de sus funciones se basa en su actuación en un renombrado caso que sacudió los Tribunales provinciales.
A mediados del 2001, la ex jueza Stella Maris Ontiveros sufrió un accidente en su despacho de controversial resolución donde el juez primero se abstuvo de pronunciarse por su relación de amistad y después intervino cuando se definió el resarcimiento, aunque en contra de los intereses de la demandante, al definir una indemnización más baja de la reclamada. Aunque esto no importa mucho, lo que se utiliza ahora es la cuestión de formas para poner en jaque al magistrado. Y la presión al juez dicen, estaría estrechamente vinculada a un caso en el que la Corte debe fallar de un momento a otro. Se trata de una demanda laboral de una ex empleada de Supercanal SA, del Grupo Uno de Daniel Vila y José Luis Manzano, en el que la demandante solicita que se aplique la escala salarial que fija el Convenio Colectivo de Trabajo 17/75, de los trabajadores de prensa (hoy en Mendoza se paga entre 35 y 40% menos).
Según los antecedentes de Böhm en otros casos similares, era seguro que el juez iba a respaldar el pedido de la mujer, lo que inmediatamente se convertiría en un dolor de cabeza no sólo para el Grupo Uno, sino también para los demás medios mendocinos, de los cuales ninguno cumple con el Convenio 17/75.

¿Y por casa?
Supercanal, del Grupo Vila-Manzano posee 33 sucursales que operan la señal de Cable de TV en todo el país. De estas, 8 sucursales son operadas por Antaxus S.A. de Jorge Aidar Bestene, propietario del multimedios gráfico digital Jor-Nada, y de tres señales de radio en frecuencias moduladas en Trelew (95.1 Mhz), Esquel (102.1 Mhz) y Puerto Madryn (99.1). Además de contar con los derechos exclusivos para las trasmisiones de “Automovilismo para Todos” para lo que el Estado Argentino terminará de desembolsar 400 millones de pesos a diciembre de 2015, cuando se completaría el contrato con “Pistas Argentinas”, cuyo titular también es “El Ninja” chubutense.
Un paquete mediático dominante que seguramente se redefinará cuando resulte de aplicación efectiva la defendida Ley de Medios.
Por ahora, Antaxus tiene a cargo las sucursales de Supercanal: en Chubut de Trelew, Puerto Madryn, Rawson y Comodoro Rivadavia; en Tierra del Fuego la de Ushuaia; en Neuquén la de San Martín de los Andes; y en Río Negro las de Viedma y Bariloche. En todos los casos habría situaciones similares a la de Mendoza, de discusiones, idas y venidas, por la aplicación o ‘interpretación libre’ del Convenio Colectivo de Trabajo que alcanza a los trabajadores.
En Mendoza, tal fue el impacto que causó en la Corte la denuncia por la que se trata de condicionar al juez, que el máximo tribunal mendocino acordó una fuerte respuesta política ante lo que entendía era una presión: Decidió que el caso por la escala salarial de los periodistas no iba resolverse sólo en la Sala Laboral, sino que lo votaría el pleno del cuerpo. Y anunció además que realizaría una audiencia pública para analizar los pormenores del caso, que fue fijada para el 9 de abril.

Aprietes de todo tipo
La sesión de Diputados terminó con escándalo. Los radicales orgánicos, los demócratas, los massistas y los peronistas disidentes votaron a favor del avance del proceso. Mientras que el justicialismo votó en contra, casi en bloque.
La gota que rebasó el vaso fue el de la legisladora justicialista Evangelina Godoy, que tras afirmar que acompañaría la decisión orgánica, votó en contra de Böhm, lo que desató una tormenta en la Legislatura.
Al día siguiente, se anunció la expulsión de Godoy del bloque justicialista. Fue el mismo gobernador Pérez quien dio la novedad, la que además completó con una revelación sorprendente: dijo haber sido amenazado por Matar vía mensajes de texto, por lo que instruyó a sus colaboradores a hacer la denuncia penal correspondiente.
Y…los muchachos van a fondo en defensa de los intereses y el poder tras el poder…si sabremos de eso, no?

Fuentes: Lapoliticaonline, Perfil, propias