“Hay un divorcio entre la norma y la realidad con la Policía Judicial”

Por Matías Werner*

A poco del conflicto con las fuerzas de seguridad en todo el país, Hugo Cañón, Presidente de la Comisión Provincial por la Memoria, habló de las reformas en la Policía a 30 años de democracia. Cañón también se refirió al rol que debe ejercer la Policía Judicial en las investigaciones penales y de la realidad de las cárceles en la provincia de Buenos Aires.

¿Cuál es su opinión respecto de la crisis en las fuerzas policiales?

Es un tema que estalla ahora, pero no es un tema nuevo, venimos hablando de esto desde hace mucho tiempo, incluso recuerdo que cuando hicimos el informe de la comisión por la memoria en el año 2011, y lo presentamos en 2012, tuvimos una entrevista con el Gobernador Scioli, y ahí el describía, a propósito del caso “Candela” y de las complicidades policiales, judiciales e inclusive fiscales en ese caso, significa para el Estado de Derecho la pérdida del dominio del territorio. Cuando hay bandas criminales que atraviesan la problemática del delito en el territorio, es grave; Pero mucho más grave es cuando el Estado está involucrado en ese accionar mafioso, de delitos complejos. En este caso puntual, tanto policías, como fiscales y jueces, estaban involucrados en el tema de la muerte de Candela. A este tema de la Provincia de Buenos Aires, que no solamente se circunscribe a Candela, sino a otros casos orgánicamente desplegados desde largos períodos, se suman recientemente los casos de Santa Fe y de Córdoba, que demuestran esas dificultades y complicidades de las policías con las mafias, con la ocupación territorial. Cuando yo ingresé a la justicia, hace 40 años, las recaudaciones ilegales policiales de la Policía de Buenos Aires, se circunscribían a dos ítems básicamente, que eran la quiniela y la prostitución, acotada a burdeles que era regentados por algunos proxenetas y que pagaban a la policía para tener habilitados los lugares, pero sobre todo a partir de la década del ’90 comenzó a darse un despliegue delictivo, de delitos complejos desde narcotráfico, piratas del asfalto, desarmaderos de autos, en el cual la policía estaba involucrada; y de esta manera, el dominio territorial estaba de alguna manera sostenido de cierta gobernabilidad que al poder político le convenía, pero poniendo en riesgo cada vez más el funcionamiento del Estado, en tanto la policía funciona autonómicamente. En los últimos tiempos, en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, salió a la luz este entramado de “policías-delincuentes” vinculados con delitos complejos. Esta autonomía de las policías llevan a plantarse ante el poder político con estas “rebeliones” o sublevaciones de los últimos tiempos, bajo la “excusa” de demandas laborales, y digo excusa, porque atrás de la demanda de aumento salarial, se esconde también la exigencia de impunidad frente a las investigaciones que se realizan, por ejemplo, en relación al gatillo fácil, narcotráfico, en las investigaciones que se llevan adelante en la justicia federal de Córdoba o en la de Santa Fe. Entonces tienen que ver más con un funcionamiento autónomo de las policías, que llevan a cometer un delito específico, el del artículo 229 del Código Penal, el delito de sedición, que no es solamente destituir a un gobierno, sino también de realizar medidas de fuerza, o presiones, como ocurrió en este caso, para arrancar medidas de gobierno, como también en este caso lo han arrancado, con aumentos salariales desmedidos, desproporcionados, del 50 % o más. Entonces estamos ante un problema que adquirió visibilidad y ha encolumnado a los sectores políticos, y ojalá que esto no pase como algo circunstancial, sino que se adopten a partir de aquí, políticas que modifiquen esta realidad institucional, que es una asignatura pendiente de la democracia.

¿Hay «un vestigio del Estado autoritario», pese a que transcurrieron 30 años de democracia ininterrumpidos?

Claro, esto lo vengo repitiendo desde hace muchos años. El gobierno actual, sobre todo con la conducción de Nilda Garré hizo un cambio sustancial en las fuerzas armadas. Se cambiaron las hipótesis de conflicto, que antes eran con países vecinos, y ahora se plantea la defensa de los países de Latinoamérica, y particularmente los países del cono sur; se cambió el Código de Justicia Militar, se abolió la pena de muerte, se sometió a los militares a la justicia civil, se cambiaron los planes de estudio, pero estas modificaciones no se han realizado de ninguna manera, en 30 años, en las policías y servicios penitenciarios. Podíamos decir, que a comienzos de la democracia, en el gobierno de (Raúl) Alfonsín, eran vestigios de la dictadura, pero ya han transcurrido 30 años, y la falta de cambios se repite en todas las Provincias argentinas, y también en el orden federal, esto también es una de las asignaturas pendientes de la democracia. Hay que destacar también que hoy en día los golpes de Estado no se realizan por medio de las Fuerzas Armadas, como era antiguamente desde la doctrina de la seguridad nacional, con una bajada de línea de Estados Unidos en ese sentido, en la actualidad está la doctrina de la seguridad ciudadana, que articula Estados Unidos con las policías a nivel local, y dónde todo se consulta, hasta hacer allanamientos por drogas, con la DEA (N.de R. Agencia Antidrogas de Estados Unidos). Frente a esa realidad, es muy peligroso para un sistema institucional que haya esta autonomía de las fuerzas policiales, la Policía de la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, está compuesta por 60 mil hombres y ese número es superior a todas las Fuerzas Armadas argentinas, de manera que es una fuerza muy potente que puede generar una desestabilización del sistema democrático. Hemos visto en Latinoamérica casos como el de Ecuador, dónde intentaron derrocar al Presidente (Rafael) Correa, o en Bolivia, dónde hubo una demanda de aumento salarial, que aunque Evo Morales pudo manejarla bien, apuntaba en última instancia a su salida, situaciones que nos plantean un alerta muy fuerte, porque hoy en día, reitero, los golpes de Estado se dan con las policías o mediante mecanismos que simulan resortes constitucionales como fue el derrocamiento de (Fernando Lugo), o el derrocamiento del Presidente (Manuel) Zelaya en Honduras. Además, se va estableciendo esta “sensación de inseguridad”, desde hace mucho tiempo, a través de los medios de comunicación, que va socavando poco a poco la credibilidad de los gobiernos, en una última instancia para responder a los intereses corporativos que han manejado los hilos del poder tradicionalmente en Argentina y en todos los países Latinoamericanos. La resistencia a la Ley de Medios fue uno de los caminos que se buscó para mantener ese espíritu corporativo, y hoy en día está la “mano invisible” apuntando a las policías para poder hacer demandas, y también generar inestabilidad, inseguridad, esta sensación de que la gente no puede vivir más, de que algún cambio hay que hacer, y que el responsable es el gobierno, y de alguna manera crea condiciones destituyentes.

¿Por qué hay este apuntalamiento a políticas más represivas ante el aumento del delito, si se sabe que nunca funcionaron?

Existen dos posiciones básicas frente al manejo de las fuerzas que controlan la conflictividad social. Una es la visión del conflicto como “amigo-enemigo” y hay que desplegar una guerra, siempre se configuró a un “otro” como enemigo, lejanamente en la edad media fueron las brujas, en una época los comunistas, en la década del ’70 en Latinoamérica fue el subversivo, y a partir del atentado a las torres gemelas pasó a ser el musulmán el sospechoso de todos los delitos del mundo. En el caso de Argentina, la configuración del otro como peligroso es el joven, villero morocho, desplazado, excluido y expulsado del sistema de producción. “Hoy en día sobra mano de obra, y cuantos más se mueran mejor”, esa es un poco la idea básica de la cuestión, entonces hay una especie de “plan de exterminio”, de eliminación de las cárceles, a través del gatillo fácil, a través de machacar sobre la carne humana, del paco, variables diferentes pero todas en términos de guerra. “Hay que terminar con el enemigo, el narcotráfico es un enemigo y hay que combatirlo con armas”, y sabemos cuál es el mecanismo que se aplicó en la “guerra sucia” en Argentina y en otros países del continente en este conflicto planteado en términos de destruir al otro, que es en última instancia la idea central que exporta Estados Unidos para implementar el Latinoamérica. La otra posibilidad de resolver los conflictos, es a través de la negociación, de la ocupación territorial por parte del Estado, no con la policía como el único recurso frente a un conflicto, por ejemplo, de un pibe en la escuela que se atrinchera en un aula hay otros mecanismos a través de desarrollo social, de la educación, desde la salud que tiene que ser la cobertura, y en última instancia debe acudir la policía, y si acude debe actuar con parámetros y protocolos de respeto a la dignidad humana, de usar la mínima cantidad de fuerza para reducir la situación de conflicto. Pero aquí primero se golpea y después se pregunta, se encierra violando los tratados internacionales y leyes nacionales, que tienen que ver, por ejemplo, con la infancia; y en esto hago un destacado especial, Argentina es vanguardia en haber suscripto tratados a nivel internacional, pero luego ese plexo normativo no se compadece con la realidad, no hay una interacción de la norma con la realidad, al contrario, la realidad va desbocada por otro camino que es el de la ajuridicidad que se da con la autoridad y discrecionalidad que tiene un policía que es juez, que es parte, que dirime conflictos, que encierra, que excarcela, que coimea, que recluta pibes para robar para ellos. Y un ejemplo paradigmático de ello es el caso de Luciano Arruga, que fue secuestrado por policías de Lomas del Mirador, en dónde se estableció un destacamento policial por requerimiento de la gente más pudiente, clase media media/alta, que temían a los “villeros” que vivían al lado, ponen el destacamento en el medio y se suponía que la policía estaba para cuidar a los más ricos, sin embargo la policía reclutaba jóvenes de la villa para que roben a los más ricos para darle a ellos. Luciano Arruga se resistió a esto, le habían ofrecido armas, vehículo y la impunidad de entrar y salir porque era menor, pero lo golpearon en septiembre de 2008, lo torturan, lo sueltan, lo vuelven a encarcelar y finalmente se les muere en 2009, y se encuentra desaparecido hasta el día de hoy. Pero lo peor de todo esto es que el mensaje sigue, porque no detuvieron y mucho menos separaron del cargo a los policías involucrados, por lo que siguen reclutando pibes y les dicen “si no trabajas para nosotros, te va a pasar lo mismo que a Luciano”, y por esto mismo trabajan para la policía. Entonces estamos frente a un involucramiento del Estado, de funcionarios públicos con el delito, otro ejemplo es el del caso “Candela”, que hay un informe del Senado de la Provincia de Buenos Aires, que establece niveles de responsabilidad de los policías involucrados, y no sólo no pasaron a retiro a ninguno, sino que hace pocos días nombraron al frente de una DDI a uno de los involucrados por el crimen.

Fuente: Diario Judicial