El Gobierno pagó 41 millones de pesos por comisiones bancarias
El Ministerio de Economía y Crédito Público pagó unos 41 millones de pesos en concepto de asesoramiento, comisiones, impresiones y publicidad a distintas financistas con motivo de la emisión del Bono para el Desarrollo e Infraestructura de Chubut (BODIC 1). Dentro del paquete de plata que recibieron las financistas para manejar el dinero al banco del Chubut figura hasta el estudio de abogados de Martínez de Hoz (h).
Según el Boletín Oficial del 20 de enero la firma Proficio S.A recibió unos 4 millones de pesos de comisión por los servicios de asesoramiento financiero por la emisión del Bono para el Desarrollo e Infraestructura de Chubut.
También se le pagó a BNP Paribas Sucursal Buenos Aires en concepto de comisión de organización y colocación de los títulos de deuda de la Provincia del Chubut por la suma total $ 2.000.280,22 conformado por un millón y medio en concepto de comisión de organización, unos casi 500 mil pesos en concepto de comisión de colocación y unos 6 mil pesos en concepto de impresiones para la presentación del Bono para el Desarrollo e Infraestructura del Chubut Clase I (BODIC I).
A los estudios jurídicos
También el Ministerio de Economía pagó al Estudio Jurídico “Cabanellas, Etchebarne & Kelly Abogados” más de un millón de pesos ($ 1.137.825,00) en concepto de honorarios por el asesoramiento legal brindado para la emisión de los Títulos de Deuda de la Provincia del Chubut.
Asimismo el gobierno pagó puntualmente y sin demoras a Puente Hnos. MAE S.A. $ 5.500.612,47 en concepto de comisión de organización, colocación y otros gastos de colocación conformado por casi 850 mil pesos en concepto de recupero de gastos por depósito del Certificado Global en Caja de Valores S.A., publicaciones en diarios, impresión de prospectos y road show y más de un millón de pesos en concepto de comisiones de colocación y $ 3.594.360 en concepto de comisiones de organización de los Títulos de Deuda de la Provincia del Chubut.
También se registró un pago a la Escribanía Alonso y Alonso por la suma de 13.503 pesos en concepto de gastos por notificaciones y certificaciones.
Cobró hasta Martínez de Hoz
Otro de los pagos que hizo el Ministerio de Economía de la provincia fue al estudio de abogados “Perez Alati, Grondona, Benites, Arntsen, Martínez de Hoz (h) Abogados” por casi 200 mil pesos en concepto de honorarios por los servicios de asesoramiento prestados a Puente Hnos, BNP Paribas y Deutsche Bank S.A. Como este es un gobierno que reparte mucha plata, también recibieron más de 15 mil pesos por la constitución del Fondo de Reserva para el Servicio.
Más pagos sin especificar
Según el registro en el último boletín por la partida 3.4.9.01 el gobierno pagó por “otros servicios técnicos y profesionales” que no lo especifica unos $ 3.233.673,31; por la partida 3.5.5.01, Comisiones y Gastos Bancarios $ 4.128.886,11; en la partida 3.6.1.01, Publicidad y Propaganda $ 461.149,40; en la partida 3.5.3.01, Imprenta, publicaciones y reproducciones por $ 60.517,96, en la partida 6.6.7.01, Incremento de otras cuentas a cobrar a largo plazo $ 9.550.728,00; Fuente de Financiamiento 603. En la partida 3.4.9.01, Otros servicios técnicos y profesionales por $ 1.981.928,80; en la partida 3.5.5.01, Comisiones y Gastos Bancarios $ 2.530.607,61; en la partida 3.6.1.01, Publicidad y Propaganda por 282.639,96; en la partida 3.5.3.01, Imprenta, publicaciones y reproducciones $ 37.091,65 y en la partida 6.6.7.01, Incremento de otras cuentas a cobrar a largo plazo $ 5.853.672,00; Fuente de Financiamiento 605.
Un estudio que litigia en contra del Estado
Se sabe que hay un sector del gobierno que mantiene vínculos muy estrechos con el estudio de abogados ubicado en la calle Suipacha 1.111 (piso 18) donde funciona Pagbam, sigla de los letrados de Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h) que fue fundado en 1991 para litigar contra el Estado a favor de las empresas privatizadas.
Se los conoce como los “jóvenes emprendedores” y fueron mencionados por Horacio Verbitsky en el Libro “Robo para la corona” cuando indica que el 5 de septiembre de 1984 una comisión del Congreso que investigaba la estatización de la compañía Italo de electricidad, allanó el estudio de Guillermo Walter Klein y Héctor Mairal. Pero dos jóvenes habían escapado antes con valijas llenas de documentación. Se trataba de los dos mencionados abogados, ahora en Pagbam. El hijo del mediático abogado periodista tenía 25 años y el del ex funcionario de la dictadura, 22. Esa documentación fue recuperada, ya que mientras la comisión hacía el allanamiento llegó a la oficina un fletero a reclamar el pago por el viaje con la documentación. Sucede que los jóvenes, con el apuro, no le habían abonado, indica el jurista Carlos Julia, en “Memorias de la deuda” (2002).
Klein había sido secretario de Planificación de Martínez de Hoz. Uno de sus funcionarios, Juan Carlos Casariego de Bel, quien sostenía que la Italo no valía más de 8 millones de dólares, desapareció el 15 de junio de 1977. Luego el Estado pagó 400 millones de dólares.
Mariano F. Grondona (h) se especializa en el “área de bancos y finanzas, fusiones y adquisiciones de empresas, derecho administrativo”, indica el sitio del estudio. José A. Martínez De Hoz (h), un fundador del bufet, se encarga de energía y recursos naturales, resolución de controversias, fusiones y adquisiciones de empresas.
El sitio indica: “Martínez de Hoz ha participado en los más importantes proyectos, transacciones y negociaciones de contratos y adquisiciones en Argentina, representando a varias grandes firmas internacionales de petróleo y gas, además de financieras”.
Ambos son graduados en la Universidad Católica Argentina, como también lo es otro socio: Pedro Eugenio Aramburu, nieto del militar que derrocó a Perón en 1955 y fue muerto por Montoneros en 1970.