Diputados no aprobaron la ley que exigía rinoscopías a funcionarios

El proyecto de ley del diputado del bloque del Partido Justicialista, Gustavo Muñiz sobre el programa de detección y tratamiento de la drogadicción en el ámbito estatal de la Provincia no tuvo el acompañamiento de sus pares que no lo apoyaron por considerarlo discriminatorio y que afecta el principio de inocencia. El proyecto fue rechazado por 24 votos contra cuatro a favor.
El legislador sostuvo que él tuvo la intención de hacer algo para evitar que la droga avance al sostener que es una enfermedad crónica que genera múltiples consecuencias, “planteado el problema, cuál debe ser el papel del Estado, puede intervenir en una conducta privada cuando así lo amerite”, se preguntó.
Indicó que la drogadicción es difícil abordar desde el punto de vista legislativo, “la creación de un programa por Ley para la prevención es muy importante, los centros de día con talleres, visitas y profesionales ayudan al abordaje de la problemática”.
Explicó que el programa abarcará una porción parcial y que estará centrado en los puestos de mayor jerarquía, “la selección es porque mayor responsabilidad institucional, implica mayor responsabilidad ética y social, cuando mayor la responsabilidad del funcionario mayor severidad debe juzgarse el control toxicológico”.
Muñiz sostuvo que el proyecto no es discriminatorio porque viola el principio constitucional de ser elegido, “este proyecto está enfocado desde el lado de la enfermedad, si alguien tiene un cargo alto en el Estado y debe estar frente a un proyecto para beneficiar a una persona debemos asegurarnos que no es la que le da la droga para que consuma, es ahí donde está apuntando este proyecto”.
Se preguntó si no es discriminatorio que una persona que entra a la administración pública se tenga que hacer un análisis para determinar si es enferma o no, “el banco de prueba es hasta que se termine el análisis, este programa está en el ámbito de la salud y nada tiene que ver Castro ni Glisnki”.

Discriminación

El presidente del bloque de la UCR, Roberto Risso dijo que no lo puede acompañar porque nos acerca a la discriminación de las personas no por sus condiciones sino por estar enfermo y sostuvo que no se puede crear un banco de prueba con el material extraído, “el material debe destruirse, si alguien se hace un análisis y le da positivo no se puede mantener el material durante una año”.
Sobre la confección de la historia clínica, dijo que “esto es lo grave porque es como si se hiciera un programa de VIH, nos sometemos todos, las muestras se guardan si son positivos o negativos atentando a la privacidad y la discriminación”.
Agregó que el manejo de las historias clínicas quedará en manos del Ministro Coordinador, Miguel Castro, “esto no se puede aceptar, pero la sospecha permanente de los funcionarios con el narcotráfico es permanente” indicando que el Estado debe ocuparse de la Brigada de Investigaciones brindándole todo el apoyo “por lo que si queremos generar un programa se haga pero no debe usarse como un apriete psicológico, hay muchos narcotráficos que no son drogadictos, a nosotros que no nos coloquen en el lugar de sospechosos porque no somos drogadictos”.

Un plan integral

El presidente del bloque del PJ Modelo Chubut, Jerónimo García, indicó que dentro de su bloque no había una síntesis, “si esto estuviera dentro de un plan integral sería otro cantar, si hay cocina en Comodoro Rivadavia deben entrar los reactivos químicos e insumos como productos farmacéuticos, aquí hay pistas de aterrizaje, ingresa la droga por las fronteras y de eso no se habla”.

Sospechas

La presidente del bloque del bloque del FpV, Argentina Martínez indicó que fue un tema de debate solicitándole al autor del proyecto enviarlo nuevamente a comisión para tratar algunos temas como someterse a un análisis de toxicología que no está en la Constitución o que un funcionario puede ser pasible de juicio político sino se hace el análisis, “se ha instalado esto de poner en sospecha que los que no se hacen la rinoscopia son drogadictos o los que votan en contra de esta ley son todos drogadictos, me parece que inducir y poner este manto de duda no es bueno”.
Por su parte, el legislador del FpV, Adolfo Mariñanco dijo que la Comisión de Salud analizó el proyecto y se encontró que los objetivos no se condice con las pautas señaladas, “para que se plantee una denuncia debe estar motivada en un ilícito, la confidencialidad las torna imposible como los informes anuales que debe confeccionar el programa constatando las historias clínicas de quienes se hagan el análisis”.
Agregó que más allá de la buena intención del legislador se considero que el proyecto torna dudosa las garantías constitucionales.

Riesgos

En tanto, para el diputado Trotta este proyecto de ley no aportará una solución concreta al tema de la drogadicción, “el proyecto conlleva algunos riesgos, se invierte el principio de inocencia o sea debemos hacernos la rinoscopia para no parecer como adictos”. Indicó que esta no es una forma de tratar el narcotráfico y aclaró que el tema del antidoping es totalmente distinto a este programa, “se está discriminando porque se sancionará a un enfermo y deberá sufrir una multa a sus haberes”.
Trotta propuso que vuelva a comisión y se traten las modificaciones de sus pares, “mi voto es a conciencia y no tengo ningún tipo de adicciones, salvo la del tabaco por todos conocidas”.