Montoya defendió el polémico desistimiento de juicios con Nación

El nuevo fiscal de Estado de la provincia, Miguel Montoya, consideró «razonable» que el Modelo Chubut «en su rol de opositor» se haya abstenido de aprobar el pliego ayer en la Legislatura y ratificó en diálogo con Actualidad 2.0 que desde el dasnevismo existió un «aprovechamiento político de algunas coyunturas», en alusión a conflictos tales como el de Cerro Dragón o de los docentes en Comodoro.

En relación con el desistimiento de juicios con Nación, subrayó que «hay cuestiones no judiciables» y que «el desistimiento de un juicio es una potestad». En relación con el acuerdo con magistrados, expresó que «en principio, la Fiscalía de Estado tendría culminada la tarea porque el acuerdo fue suscripto y se está cumpliendo».
Montoya aclaró que «haré lo que esté a mi alcance para favorecer el diálogo entre el Superior Tribunal de Justicia, los magistrados y los trabajadores pero no somos parte en ese tema», aclaró en declaraciones que reprodujo la agencia de noticias ADN Sur.
Sobre los cuestionamientos desde el sector del Modelo Chubut, que se abstuvo en su nombramiento como fiscal de Estado y planteó que Montoya «adjudicó a este espacio político cuanto conflicto hubo en la provincia», manifestó: «la verdad es que encuentro razonable que en su rol de opositor e inclusive hasta comparto el señalamiento de Jerónimo García porque es cierto que en algunos de los conflictos yo he señalado que hay un aprovechamiento político de esas coyunturas y que teníamos elementos para presumir que había participando gente del espacio político», dijo.
Sostuvo que hubo participación política del sector al que pertenece el diputado García en conflictos tales como el desatado en Cerro Dragón o con los docentes en Comodoro. «Nunca dije que lo hayan producido pero sí que aprovecharon esa coyuntura. No voy a apartarme de lo que en su momento dije. Creo que la abstención está enmarcada política y es razonable. No tengo ningún problema con el rol que ocupó la oposición», recalcó.

Reclamo salarial de la policía

Entre los temas que deberá tratar con mayor premura en su cargo, mencionó que «existe el tema del porcentual pretendido por la policía». Dijo que es «un tema al que hay q abocarse con responsabilidad» y recordó que «el porcentaje (reclamado) es del 88% del sueldo de la Policía Federal».
El flamante Fiscal de Estado dijo que «el juicio está avanzado» y afirmó q puede repercutir en las arcas provinciales si hay sentencia favorable al reclamo.
«Entendemos que el pago de esa legislación no estaba vigente como se pretende. Es una discusión jurídica que resolverá el juez en su momento», manifestó Montoya.

Aval al desistimiento

En relación con la legalidad de los actos en el desistimiento de los juicios con Nación, Montoya recalcó que «el desistimiento no lo hizo la Fiscalía; se hizo por ley».
Negó que haya que intervenir en este sentido y subrayó que «la verisimilitud de cargos la debe determinar un juez».
Precisó que «hay cuestiones no judiciables. La circunstancia de oportunidad de conveniencia es una cuestión no judiciable. «El desistimiento de un juicio es una potestad. De ahí al planteo de que existe algún tipo penal aplicable, yo creo que ha sido una oportunidad de demostrar la iniciativa política por parte del dasnevismo que carga algunas causas judiciales que no le van a resultar favorables», disparó. «Los delitos nunca son persecución sino delitos y el rol de la Justicia no es perseguir sino dilucidar», señaló el abogado recibido en la Escuela de Derecho de la Universidad de la Patagonia y que ahora ostenta el cargo de titular de la Fiscalía de Estado.

Acuerdo con Magistrados

En relación con el tratamiento del proyecto de ley que rubricaba el acuerdo con los magistrados, expresó que «en principio, la Fiscalía de Estado tendría culminada la tarea porque el acuerdo fue suscripto y se está cumpliendo».
Miguel Montoya aclaró que «haré lo que esté a mi alcance para favorecer el diálogo entre el Superior Tribunal, los magistrados y los trabajadores, pero no somos parte en ese tema».
El funcionario sostuvo que «si no se rubrica el acuerdo por ley los magistrados cobrarían su aumento en orden a la sentencia que tienen a su favor por lo que tendrían derecho todos los empleados del Poder Judicial a reclamar la aplicación de la Ley de Porcentualidad. Entendemos que este pago de aumento salarial es por sentencia, no voluntario, por lo que debería figurar en el recibo de sueldo de ese modo».
Consideró que «esto que intentó la Legislatura es abrir un impasse de dialogo con el Superior Tribunal de Justicia para ver si todos se avienen a resignar alguna posición y que en la propuesta entren todos. Si éste es el camino estaré a la altura de las circunstancias tratando de favorecer el diálogo pero en el rol del Estado no existe magia cuando los recursos no alcanzan; lo que existen son dificultades».
Dijo que desconoce de cuánto sería el monto final para el reconocimiento a los jueces. «Es un trabajo de Economía» y explicó: «acá hubo tres etapas. Primero fijar a quiénes, a los que están establecidos en el artículo 170 de la Constitución. Eso circunscribe la cantidad de pretensores a un número bastante bajo», precisó. «Cuando se pretende que lo cumplan otras personas sin los requisitos se va de 250 a 700 y cuando se deja abierta la puerta para que todos tengan la porcentualidad de este aumento se habla de 2800. Hay que ver si el Superior se aviene a sentarse tanto con los funcionarios como con los trabajadores», concluyó Montoya.