Magno rechazó la “criminalización” del conflicto docente en la zona sur

El dirigente sindical de ATECH Regional Sur, Carlos Magno cuestionó la decisión judicial que los involucra a él y al sindicalista Eduardo Húmeres como responsables de los cortes de ruta que tuvieron lugar durante la protesta docente. El gremialista anticipó que se retomarán las «acciones colectivas» de reclamo si prospera la iniciativa de la justicia federal impulsada por empresas particulares. «El gobierno incumple el compromiso de no tomar ningún tipo de represalia posterior al conflicto», dijo Magno y admitió que «la denuncia por los cortes de ruta provocados en el marco de la protesta fue presentada por un grupo de empresas. Daremos a conocer el nombre de cada uno de los denunciado una vez que nuestros abogados tomen contacto con el expediente» que, precisó, será el martes 29.

Retomaron las clases

Los sindicalistas serán patrocinados por el abogado Silvia de los Santos y, opinó Magno, «la denuncia intenta criminalizar el genuino reclamo de los docentes que encabezamos en su representación tanto Húmeres como yo».
El gremialista informó, en conferencia de prensa, que en reunión de delegado se resolverán los pasos a seguir y, en diálogo con Radio del Mar, añadió que «esto está enmarcado en el acta compromiso que permitió el levantamiento de las medidas, el gobierno reconocía que existían necesidades y se abrió un compromiso de ambas partes. Nosotros retomamos inmediatamente el dictado de clases, por parte del gobierno se procedió a la devolución de los descuentos y ahora estamos pidiendo la internvención del gobierno respecto de esta decisión judicial».

A cara descubierta

Al tiempo que advirtió que «otra vez se ven en riesgo las actividades escolares por esta decisión de la justicia federal, nosotros vamos a actuar colectivamente y es posible que llevemos adelante medidas de movilización. Estamos reunidos con el cuerpo de delegados para decidir las acciones colectivas que hemos de llevar adelante».
“Quiero expresar lo que significa para nosotros esta situación, el significado social y político de estas citaciones que no es ni más ni menos que la criminalización de la protesta”, expresó el dirigente gremial y puntualizó que “Eduardo (Humeres) y yo nos estamos sumando a unos 4.000 procesados en todo el país por protestar”.
“Somos procesados judicialmente para cambiar el eje de lo que es está planteando y transformarlo en un delito y con ello se corre la política para favorecer a sectores hegemónico”, resaltó y aseveró que “a nosotros nos identifican porque actuamos como voceros, a cara descubierta y no tenemos pruritos por reclamar al gobierno y por eso somos procesados”. Fuente: Adn Sur