Ex ypefiano tiene abierta una causa federal por haber cortado una ruta

La juez federal Eva Parcio le tomó declaración indagatoria a Jorge Muñoz, integrante de la Agrupación Mosconi de ex ypefianos, hijos y nietos. Fue en el marco de una causa por una medida de fuerza realizada el 17 de julio de este año para reclamar puestos laborales en YPF. Se les imputa a los manifestantes haber afectado la libre circulación.
Delegados y dirigentes de la Regional Sur de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh), se solidarizaron ayer con su presencia frente a las puertas del edificio judicial, y anunciaron que hoy se concentrarán en el mismo lugar a las 10, día en el que los representantes docentes Carlos Magno, Eduardo Humeres y Daniel Murphy deberán presentarse por una causa similar ante las autoridades judiciales.

Afectación de servicios

La Justicia imputó a Muñoz por la figura del entorpecimiento de servicios públicos, artículo 194 del Código Penal, que establece que será “reprimido con prisión de tres a dos años” “el que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas”.
Ante la juez federal y el fiscal, se refirió a los hechos del 17 de julio. “Pero sobre todo me dediqué al contexto, al motivo por el que llegamos a la situación de las medidas de fuerza, y explicamos por qué estamos ante un proceso de reclamo por una reivindicación histórica a partir de la reestatización de YPF”, indicó.

Reclamo social

También señaló que en su declaración se refirió también al incumplimiento en el que según él incurrió el gobierno provincial respecto a acuerdos y compromisos asumidos. En ese sentido argumentó que se presentaron unas 50 copias de notas, documentos, proyectos y acuerdos que dan cuenta del proceso de demandas y peticiones iniciadas en mayo de 2012, momento en el que se conformó el movimiento.
Mientras, la abogada Heredia sostuvo que el proceso judicial demuestra que el Estado “pareciera tener como única respuesta a los reclamos de las personas es el derecho penal, citando a indagatoria a una persona que forma parte de un grupo de muchas personas, y no es casualidad que en vez de citarse al conjunto se cita a una sola persona para invisibilizar de que esto se trata de un reclamo social”.

Fuente: Diario Crónica