Estofado de pescado

Si algún vecino va a pedir un crédito es muy probable que se encuentre con las mil y una reservas que suele adoptar el sistema financiero para asegurarse no sólo el cobro del mismo con sus respectivos intereses, sino de quien se trata el solicitante, cual es su situación fiscal, su patrimonio, su historia financiera y comercial y un sinnúmero de previsiones. De allí que el modo en que el Estado Provincial le otorgó 10 millones de pesos a la empresa Alpesca, y por lo cual hoy será interpelada la ex ministro de Economía, Gabriela Dufour, aparezca sospechado por los cuatro costados, más allá de la loable intención del Ejecutivo de contribuir al pago de los sueldos de mil empleados que afrontaban en ese momento, una importante demora en el cobro de sus haberes, sumidos en una agónica incertidumbre laboral que aún perdura.

Un expediente demasiado desprolijo

Para que se entienda un poco la situación por la cual la funcionaria deberá comparecer hoy ante los diputados para tratar de explicar la enrarecida operatoria que rodeó al auxilio de Alpesca, firma que preside Omar “Cura” Segundo y contó con la gestión política excluyente del ex ministro Coordinador, Carlos Eliceche, vale repasar los movimientos, que de por si están documentados en el Boletín Oficial, Año LVI – Nº 11832.
En principio, los 10 millones de pesos fueron dispuestos por un Decreto (Nº 1384/13) que decidió y firmó el Gobernador Martín Buzzi, “autorizando a CORFO (Corporación de Fomento del Chubut como organismo ejecutor) a otorgar a la empresa Alpesca S.A. un crédito por la suma de pesos diez millones ($ 10.000.000)”.
El argumento se sustentó apelando a las Leyes I – N° 451 y N° 1276; considerando “la crisis por la que atraviesa el sector pesquero nacional, y en particular el provincial, como consecuencia de la caída internacional de demandas y precios en los mercados tradicionales, especialmente el europeo, sumado ello a la falta de financiamiento para superar la mencionada crisis; que en ese contexto, la empresa Alpesca S.A. atraviesa determinadas circunstancias económicas y financieras relacionadas con la crisis precedentemente (sic), que permiten prever una situación de paralización de las actividades de la misma, con los efectos que ello acarrea, tales como despidos y falta de pago a proveedores;
Que teniendo en cuenta lo señalado precedentemente, corresponde adoptar las medidas necesarias (…) etc”
El dinero fue destinado a capital de trabajo y de eso se aseguraron bien, disponiendo que el depósito del mismo fuera a las cuentas sueldos de los trabajadores, aunque para ello, la suma se depositó
en la Cuenta Corriente N° 04-01- 310203 del Banco del Chubut, Sucursal Puerto Madryn, a nombre de Alpesca S.A., con expresa autorización al Banco para derivar el dinero a las cuentas sueldos.
Ese Decreto fue firmado por el ministro de Agricultura, Ganadería, Bosques y
Pesca, Pedro Zudaire; por la ministra de Economía y Crédito Público, Gabriela Dufour y por el ministro Coordinación de Gabinete, Carlos Eliceche.

Como lo devolverían

Se precisaba que el crédito “será cancelado con el producido de la venta de mercadería detallada en el contrato de ´mutuo´ cuyo modelo se aprueba mediante el presente” y que se dispuso suscribiera Corfo con Alpesca.
Sin embargo hasta ahora Alpesca devolvió sólo un millón y medio sobre los 10 millones que le otorgó la Provincia con dineros públicos, y lo que presentó como programa para pagar, no se habría usado con ese fin. Tenía en principio una semana para devolver todo, y luego quince días. Eso fue el 3 de octubre y aún no se devolvió nada más.
Las precisiones del acuerdo decían que “El Mutuario, (o sea Alpesca), cancelará el préstamo otorgado según la cláusula primera, con el producido de la venta de la mercadería detallada en el Anexo A de este instrumento, en dos (2) cuotas”. O sea así:

Sin embargo el detalle que se observa y se adjunto en el BO, ni siquiera resultó una declaración jurada, sino que se trató presumiblemente de esto, un papelito. Que como tal no decía (y no tenía porqué) que todo eso ya habría sido vendido y hasta cobrado para el momento en que el Gobernador aceptó la transacción.
Continuando con la buena voluntad oficial, el acuerdo contemplaba que “La primera cuota será abonada a los siete (7) días hábiles de la fecha del presente contrato. La segunda cuota o el remanente de la deuda, será cancelada, en un plazo máximo de quince (15) días hábiles de la firma del presente”. De lo cual y como se temía, pasó ya más de un mes y medio sin que se pague lo comprometido, confirmándose algo de la presunción: que no había nada para cobrar porque ya se había cobrado.
El decreto explica claramente que “El incumplimiento de cualesquiera obligaciones contractuales, facultará al Mutuante (o sea Corfo como organismo implementador) a dar por caducos los plazos de lo adeudado, pudiendo reclamar el pago total como si fuesen vencidas y exigibles, con más un interés compensatorio que fija el Banco del Chubut S.A. para sus obligaciones vencidas de descuento de documentos comerciales, con más los intereses punitorios equivalentes al 50% de los de tipo compensatorio”, lo que ya podría ejecutar el Estado sí quisiera.

Flojito de papeles

El problemita que enchastra casi todo el Expediente sería que no habría mucho con que cobrarse. Además los codeudores son Juan Pablo Segundo y Carlos Molina, hijo y empleado de “Cura” Segundo respectivamente quienes no poseerían solvencia para responder por los 8 millones de pesos que faltan. Y como si fuera poco, hubo “errores” conceptuales de lo que se recibió en garantía que haría incobrable ese dinero, por lo menos en el corto plazo. Vale observar como en el ´mutuo´ se dispone que: “En garantía de la cancelación total del préstamo”, se tomó la “cesión de los derechos que tiene y le corresponde a la firma Alpesca S.A. sobre los permisos de pesca otorgados por la Provincia de Chubut y/o el Estado Nacional (sic)”. Un “error” (o avivada) si se quiere garrafal, porque los permisos de pesca son del propio Estado, que es el que cede estas autorizaciones a los privados. Mal puede entonces aceptar en garantía algo que es de su propiedad. En todo caso, lo que si debía aceptar en garantía era la cuota de pesca que le fue otorgada a la empresa.
Por todo esto los diputados sospecharían y con todo derecho, que la operatoria fue una manera fácil de financiar una empresa “amiga” con dineros públicos, los cuáles posiblemente no retornen a las arcas de la Provincia en el corto o mediano plazo, para ser optimistas, y por no decir nunca.
Es que la situación de la mega pesquera, lejos de estabilizarse con una medida de auxilio meditada por el Estado, recibió apenas un vaso de agua para la sed de financiamiento y equilibrio comercial que denota. Con un solo barco pescando, que ahora fue puesto en venta, un stock dudoso y todo lo vendido adeudado, el panorama no es el mejor. Ayer mismo sus representantes lograron destrabar el embargo de cuenta que impedía abonar la última quincena, pero la lluvia de causas se van amontonando dado el apuro que comenzaron a exponer los proveedores para tratar de cobrarse algo, antes de que sea concursada.
Con este horizonte, todo indica que los mil trabajadores siguen a la deriva en el medio de una tormenta donde se escurrió no sólo el posicionamiento, la capacidad y el patrimonio de la principal pesquera de la Patagonia, sino además, diez millones de pesos de todos los chubutenses por falta de recaudos de nuestros funcionarios públicos. Habrá que ver…