Cuerpo sano, en gobierno sano

El gesto del gobernador Martín Buzzi de proclamar rinoscopias masivas para definir el grado de salud o enfermedad que detentan los funcionarios del Poder Ejecutivo, hay que decirlo, ha sido a todas luces una medida osada. Aunque ello conlleve un gran margen de exposición pública, y hasta cierto riesgo de autoincriminación, al generar la duda que tal vez no todo el grueso de la ciudadanía tenía sobre los hombres y mujeres públicos. ¿Porqué el examen sobre consumo o no de drogas y no controles de alcoholemia o contrato de servicios sexuales?, es uno de los interrogantes que dice más que lo que pregunta. Evidentemente algún dato maneja el Gobernador para liderar tamaña cruzada y someterse personalmente ayer a un médico y cuatro camarógrafos que certificaron que su cuerpo está libre de cocaína. Además de afirmar que pese a ser voluntario, quien no acceda a someterse al examen debería abandonar la función.
Nadie a esta altura puede pensar que se trataría de un golpe de efecto mediático o de una adhesión simplificada a la propuesta nacional de combate del narcotráfico “empezando desde adentro”. Por el contrario, Buzzi apuntó directamente al consumo, y al que pudiera existir en su entorno. Y si el Gobernador lo ha hecho, es porque algo sabe.
De salir bien la cruzada de Buzzi, dicen que a nivel nacional están contentísimos porque se extendería a todo el país la proclama de “cuerpo sano, en gobierno sano”, generando una interesante polémica que terminaría con otros debates ´laterales´ como el derribo de aviones que trafiquen, el cuidado de las fronteras, la inversión que está realizando la Nación en escáneres múltiples y la persecución incesante al lavado de dinero.

La historia resiste

Aunque no hay mucho antecedente de que una propuesta similar prospere a nivel político. Por ejemplo, recuerdan los más viejos que nunca cayó bien en el Congreso de la Nación la idea de someter a funcionarios a un examen médico por consumo de drogas. Desde el pedido de una rinoscopía exigida por Ramón Saadi hace más de dos décadas para todos los hombres de Gobierno, hasta las controvertidas declaraciones del ex secretario de Lucha contra el Narcotráfico Alberto Lestelle denunciando «narigetazos» de cocaína presuntamente protagonizados por algunos diputados, todos fueron traspiés y pura polémica. Pero nada hubo en concreto. Ni pruebas ni exámenes psíquicos.
Le siguió un proyecto de ley presentado por el diputado Miguel Angel Toma (PJ-Capital), que en su momento acompañó el jefe del bloque peronista, Jorge Matzkin para imponer una rinoscopía obligatoria para funcionarios de los poderes Ejecutivo y Judicial, secretarios de Estado y legisladores de las dos cámaras del Congreso, que también estuvo destinado al fracaso. En todos esos casos, como tal vez ahora en Chubut, más que abrir el debate sobre el consumidor se trataba de exponer el comercio que se suponía existía de venta de cocaína en las propias estructuras del poder, incluso se sospechó de la comercialización en la biblioteca del Congreso, con empleados involucrados y todo.
Pero a todas luces se llegó a la conclusión que para atrapara algunos y sobre todo los vinculados a la comercialización, no hacía falta exponer a los escasos enfermos que pudieran contar entre sus filas.
Además esto abría toda una polémica al comenzar precisamente con el combate del emergente del flagelo, y no del deplorable negocio que genera el tráfico de estupefacientes. Algo así como condenar a las prostitutas que atendieron a funcionarios, y no a los que consumen servicios sexuales o quienes explotan a las meretrices. Pero esas son otras adicciones sobre las que por ahora no profundizaremos.
Yendo más cerca y a nuestra propia provincia, contradictoriamente, en la Legislatura descansa en un cajón un proyecto de Ley que tomó fuerza en octubre del año pasado y fue presentado por el diputado mackarthista Gustavo Muñiz, que exigía a los funcionarios de los tres poderes del Estado y a candidatos a cargos públicos que se realizaran, por lo menos una vez al año, un examen para determinar si habían consumido estupefacientes, o no. Sin embargo, la iniciativa nunca alcanzó a tratarse en el recinto y tampoco fue mencionada por Buzzi.

Lo concreto

Existe un dato elocuente e innegable: la Argentina dejó de ser un actor marginal en la geopolítica de las drogas. Hay suficiente evidencia acumulada que indica el creciente lugar del país en el lucrativo negocio transnacional de los narcóticos, así como el avance de una criminalidad organizada que cuenta con el contubernio activo de ciertos policías y políticos. Eso puede prenunciar el encumbramiento de una ´pax mafiosa´ en diferentes espacios geográficos; es decir, la eventual consolidación de una nueva clase social criminal, con capacidad hegemónica en su territorio ante el debilitamiento del Estado, la desorientación de las elites dirigentes y el desdén de la sociedad civil, tal como lo definió hace muy poco un colega de La Nación.

Lo evidente

En este marco Chubut ha ingresado peligrosamente en esta geopolítica de las drogas, no ahora, sino desde hace diez años, y eso Martín Buzzi lo sabe muy bien como ex intendente de Comodoro Rivadavia.
Si bien el cargamento de 115 kilos de narcolangostinos descubiertos “fortuitamente” fue la innegable punta del iceberg, el témpano gigantesco arrastra mucho más material. La flexibilización de los controles, el fracaso en materia de seguridad que arrastró durante ocho años el gobierno dasnevista en el cual el actual ministro Coordinador de Buzzi tuvo gran responsabilidad como ministro de Gobierno; la autorización a la peregrinación de pescados por tierra de Rawson a Mar del Plata ida y vuelta; la consolidación de contenedores en los patios de las empresas sin controles exhaustivos, las millonarias inversiones inmobiliarias nunca sospechadas son algunos de los indicios que ahora se reducirían a un examen de “consumo interno”, que sirve y se agradece como gesto de ciudadano responsable de una función pública, pero poco y nada aporta como política de Estado.

Dios nos libre

Demonizar las evidencias ha sido en este sentido, un modo de que nada cambie. Y en esto, le guste a Buzzi, que anunció su decisión luego de su reunión con el obispo de Comodoro Rivadavia, monseñor Joaquín Gimeno Lahoz, la Iglesia tanto como la militarización que exige Estados Unidos en los territorios “en peligro”, ha tenido mucho que ver.
En México por ejemplo para ponerle algo de mística a los más de 70 mil muertos que ha dejado la violencia relacionada al narcotráfico, desde que en 2006 el entonces presidente Felipe Calderón le declaró la guerra al crimen organizado y envió a efectivos militares a las regiones más conflictivas, la Iglesia viene afirmando que el país está bajo ataque de Satanás, el demonio, el maligno o simplemente el diablo. Tanto es el convencimiento que dicen que la demanda de exorcismos se ha disparado de tal manera que incluso hay exorcistas que no están recibiendo casos nuevos hasta dentro de varios meses por tener turnos completos. Bastante parecido a otras legitimaciones santas de otras conquistas en América.
Según Buzzi “no solo hay que hay que poner la lengua en la política, hay que poner la nariz y la sangre para dar un testimonio público”. A lo que se podría agregar que hay que poner otra cosa como representantes del Estado, tal como coherencia entre discurso y acción. Porque desconocer el peso que tiene el interés económico en este tema es sencillamente demonizarlo inocentemente. En ese marco, la rinoscopia de Buzzi no se entiende tanto por ejemplo para aquellos que recuerdan que hace poco más de un mes, decidió darle un auxilio por 10 millones de pesos sin ninguna garantía comprobable a una empresa cuyo presidente está imputado por narcotráfico y hacía dos meses había sido el protagonista y almacenador de un cargamento de 115 kilos de cocaína. Dicho sea de paso, y como aporte a la rehabilitación masiva, vale trasmitir que existen denuncias públicas que el Tribunal de Cuentas aún no aportó la información solicitada por la Justicia Federal. Si el Estado contribuyera apurando la documentación a atrapar al dueño de los 115 kilos de blanca, evidentemente habría menos rinoscopias, porque habría muchos menos adictos. Tal vez hubiera algún funcionario menos también.