Buzzi: “Un poder narco es una amenaza a la democracia”

El gobernador Martín Buzzi se manifestó “en pleno acuerdo” con el documento presentado en la Asamblea del Episcopado en el cual se denunció el avance del narcotráfico en nuestro país y exhortó al Estado a impedirlo.
“El llamado de los obispos expresa una preocupación que comparte la sociedad frente a la cual quienes tenemos responsabilidades políticas estamos obligados a dar una respuesta. Tenemos que volcar todos los recursos del Estado, haciendo un esfuerzo conjunto en todos los niveles, para ganarle la guerra a los narcotraficantes”, expresó el Gobernador.
Buzzi sostuvo que “sabemos muy bien los devastadores efectos de la droga en la juventud y el peligro que representa para la democracia la eventual consolidación de un poder narco, que es algo que lamentablemente vimos en otros países de la región. En la Argentina estamos a tiempo de impedirlo, haciendo caer todo el peso de la ley sobre estos grandes delincuentes, pero también con políticas sociales que eviten que exista un caldo de cultivo para este crecimiento del tráfico de estupefacientes”, afirmó.
Asimismo, señaló que “desde nuestra gestión nos tomamos muy en serio este problema, trabajando en conjunto con la Justicia para llevar a cabo las investigaciones que permitan desbaratar a las grandes bandas”. (…) “Por otra parte, existe un fuerte compromiso para dotar a nuestras fuerzas de seguridad de los elementos y conocimientos necesarios para que estén a la altura de este desafío tan propio de nuestros tiempos”, agregó Buzzi, a la vez que recordó que “esta semana vamos a entregarle más patrulleros a nuestra Policía, para así reforzar su presencia”.

La Iglesia tiene razón

“Como bien lo marcaron los obispos, en el narcotráfico está el origen de muchos de los delitos y conflictos que afectan a la sociedad y por eso tenemos todas nuestras energías puestas en erradicarlo. Para eso, necesitamos del compromiso de todos los actores del Estado, con jueces que hagan su trabajo y garanticen la aplicación de la ley, con todos los policías honestos que arriesgan su vida investigando o marcando su presencia en las calles, con legisladores atentos a los cambios en la sociedad, con intendentes preocupados por sus localidades y, por supuesto, con una comunidad involucrada dispuesta a denunciar y a cooperar”, concluyó.

El drama de la droga

El documento que dieron a conocer los Obispos hace unos días en la 106° Asamblea Plenaria realizada en Pilar expone:
“La sociedad vive con dolor y preocupación el crecimiento del narcotráfico en nuestro país. Son muchos los que nos acercan su angustia ante este flagelo. Nos conmueve acompañar a las madres y los padres que ya no saben qué hacer con sus hijos adictos, a quienes ven cada vez más cerca de la muerte. Nos quedamos sin palabras ante el dolor de quienes lloran la pérdida de un hijo por sobredosis o hechos de violencia vinculados al narcotráfico.
Sabemos que este problema es un emergente de la crisis existencial del sentido de la vida en que está sumergida nuestra sociedad. Se refleja en el deterioro de los vínculos sociales y en la ausencia de valores trascendentes.
Cuando este mal se instala en los barrios destruye las familias, siembra miedo y desconfianza entre los vecinos, aleja a los chicos y a los jóvenes de la escuela y el trabajo. Tarde o temprano algunos son captados como ayudantes del “negocio”. Hay gente que vende droga para subsistir, sin advertir el grave daño que se realiza al tejido social y a los pobres en particular.
Es alarmante la expansión de las llamadas drogas sintéticas, que se distribuyen en diversos espacios festivos, y nos duelen las conductas autodestructivas en adolescentes o jóvenes que consumen diversas sustancias.
Lo que escuchamos decir con frecuencia es que a esta situación de desborde se ha llegado con la complicidad y la corrupción de algunos dirigentes. La sociedad a menudo sospecha que miembros de fuerzas de seguridad, funcionarios de la justicia y políticos colaboran con los grupos mafiosos. Esta realidad debilita la confianza y desanima las expectativas de cambio. Pero también es funcional y cómplice quien pudiendo hacer algo se desentiende, se lava las manos y “mira para otro lado”.
La Argentina está corriendo el riesgo de pasar a una situación de difícil retorno. Si la dirigencia política y social no toma medidas urgentes costará mucho tiempo y mucha sangre erradicar estas mafias que han ido ganando cada vez más espacio. Es cierto que el desafío es enorme y el poder de corrupción y extorsión de los grupos criminales es grande. Pero no es verdad que “nada se puede hacer”.
La complejidad de este tema es tal que solo será abordado eficazmente por medio de amplios consensos sociales que deriven en políticas públicas de corto, mediano y largo alcance. Pero perseguir el delito es tarea exclusiva e irrenunciable del Estado. Recogemos también la preocupación por la desprotección de nuestras fronteras, y por la demora en dotar de adecuados sistemas de radar a las zonas más vulnerables.
Lamentamos que el organismo del Estado dedicado a coordinar las políticas públicas en esta materia (SEDRONAR) lleve tantos meses sin tener su responsable designado”, remarcaron desde el Clero.