Trabajadores judiciales no resignan el reclamo de porcentualidad

El fiscal de Estado, Blas Meza Evans, recibió a trabajadores judiciales enrolados el Sitrajuch con el fin de abordar el cumplimiento de la Ley de Porcentualidad en los salarios, y como resultado del encuentro, las partes se comprometieron a conformar una mesa de discusión para continuar analizando alternativas para su aplicación.
El Gobierno y el Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJUCh) se encontraron en una audiencia de conciliación que se desarrolló en el Juzgado Laboral de Trelew. Los judiciales habían presentado un amparo para que se frene el pago pactado por el Gobierno y los Magistrados, ya que “es inconstitucional y no respeta la ley de porcentualidad”. Además, aducen que se está realizando el pago a un solo sector, en detrimento de los otros representantes del Poder Judicial.

Mesa redonda

El juez a cargo de la instancia de mediación fue Paulo Konig. De parte del Gobierno, estuvieron presentes el Fiscal de Estado, Blas Meza Evans, y el fiscal de Estado adjunto, Eduardo Fernández Lugo. De parte del sindicato judicial, estuvo el secretario general, Raúl Belcastro, acompañado por el abogado Gabriel Aguilar.
Tras algo más de una hora y media de duración, en la audiencia se acordó que se abra una mesa de diálogo entre las partes involucradas, para que fundamentalmente sea tratada la adecuación de la ley de porcentualidad. En ese sentido, Meza Evans será el encargado de llamar a una reunión, que se desarrollaría en los próximos días. Allí participarían autoridades del Ministerio de Economía, miembros del Superior Tribunal de Justicia, la Asociación de Magistrados y el sindicato.

Distorsiones

Tras la reunión, el fiscal de Estado, Blas Meza Evans, afirmó que “se va a promover una mesa de diálogo de todos los actores, vinculados a la cuestión salarial. Hemos suspendido el procedimiento por el término de 15 días y veremos los resultados que se obtienen a partir de esta convocatoria”.
Sobre el reclamo, el funcionario explicó que “en realidad ellos pretenden que entre en plena vigencia la ley de porcentualidad, de hecho siempre se van generando hechos distorsivos de esta ley, y el acuerdo con los magistrados es un nuevo hecho distorsivo. Entendemos por parte del Estado que para cualquier tipo de negociación deben estar todos los actores”.
Aseguró que “estamos hablando de dinero concretamente. De una estructura y de una política salarial que se debe dar en el Poder Judicial, tratando de saltar por encima de esos derechos que han ido distorsionando la propia aplicación de la ley de porcentualidad.

Acuerdo violatorio

Por su parte, Belcastro, referente del gremio judicial, indicó que “no tenemos inconvenientes en que los Magistrados propusieran un aumento. Ahora nosotros cada vez que hemos logrado un aumento fue en el marco de la porcentualidad. Y este acuerdo viola la porcentualidad, porque primero que no está considerando a todo el Poder Judicial y porque está dando un aumento aleatorio para un sólo sector”.

Inconstitucionalidad

Luego, detalló que “el acuerdo es inconstitucional porque es el Superior Tribunal de Justicia el que tiene la potestad de fijar salarios y no el Gobierno. Lo que ha hecho el Gobierno es fijar la pauta salarial con sólo un sector. Obviamente que detrás de eso ha habido un acuerdo político. Se ha generado un problema con respecto al alcance. El modo de fijar el salario es el de la ley de porcentualidad y no ampliado a la ley de las sumas fijas”.
Por último, recalcó que “nos interesa resolver el conflicto, porque nos preocupa que el presupuesto del poder judicial se va a ver gravemente afectado si se continúa en esta escalada de pagos a un solo sector en detrimento del nuestro. Por eso en nuestro afán de encontrar un espacio de diálogo no cerramos ninguna puerta”.