“Se produce cada vez menos petróleo y gas en el país”
Es la imagen del primer pozo de petróleo del país”, dice Jorge Lapeña al señalar un cuadro colgado en una de las oficinas del Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”, que preside desde 1985. “13 de diciembre de 1907, Comodoro Rivadavia”, rememora. El ex secretario de Energía del gobierno radical de Raúl Alfonsín y ex presidente del directorio de YPF (1987-1988) suele asistir a conferencias. Hace dos semanas, de hecho, estuvo en Neuquén. Critica la política energética trazada por el kirchnerismo; habla de ineficiencia, ineptitud, de importaciones y subsidios crecientes. Señala, no obstante, que la actual YPF logró “frenar su caída de producción de petróleo”. “Shock de inversiones” extranjeras, propone.
-“La crisis energética en el país es profunda”, escribió usted en un artículo. ¿A qué se debe? ¿En qué aspectos puede percibirse?
-A fines de los años ochenta, la Argentina se había posicionado como un país autosuficiente en materia energética, es decir, producía la cantidad de energía que consumía e incluso en excedente, lo cual reportaba un ingreso de dólares por su venta al exterior. Esa situación de cierta bonanza y apetecible se revirtió con particular intensidad en la última década, sobre todo desde 2010 cuando el país pasó a ser un importador muy fuerte de combustibles. Primero se consumieron los excedentes exportables, y luego comenzó a primar la importación, que ha sido creciente en los últimos tres años, a un promedio de 30 por ciento anual. Eso significa que el volumen de importaciones tiende a duplicarse cada dos años y medio. Este año seguramente la importación ronde los 13 mil millones de dólares en concepto de gas natural –por gasoducto y licuado- y derivados del petróleo –gasoil y fueloil-. Esa cifra representa el 60 por ciento de las exportaciones del complejo sojero nacional. La situación es preocupante, ya que se compromete la balanza comercial. Por otro lado, los consumidores argentinos no pagan por la energía lo que cuesta su producción. Para mantener ese sistema ficticio, el Estado tiene la necesidad de aportar desde el presupuesto público una cantidad creciente de subsidios que ponen en jaque las cuentas del tesoro. El sector energético argentino es un gigante con pie de barro.
-¿Cómo impacta el crecimiento de la demanda?
-La característica dominante de los sistemas energéticos es que son de demanda creciente. Eso se debe a que la energía es un insumo básico del desarrollo económico y social. Si la población aumenta, cada habitante agrega consumo. Si aumenta el producto bruto interno, crece la demanda energética. El progreso social también va en el mismo sentido con respecto al uso de energías elaboradas. No se trata de un fatalismo, sino del devenir natural de las cosas. Es parte del proceso de desarrollo. En el país, lo paradojal es que mientras la demanda crece, la oferta decrece. Eso es lo que provoca que primero se agoten los saldos exportables y luego el país necesite importar. Cada vez se produce menos petróleo desde 1998 y menos gas desde 2004. Por lo tanto, la tendencia decreciente y la demanda creciente explican la situación inconfortable que presenta el funcionamiento del sistema energético.
-¿Qué cambios se produjeron desde la actual YPF?
-YPF ya no es lo que era: esa gran empresa a lo largo del siglo XX, fundada en 1922 por el presidente (Hipólito) Yrigoyen, que llegó a ser la primera estatal de América Latina y la más importante del país. De hecho, YPF manejó de forma directa o indirecta todo el petróleo nacional durante prácticamente un siglo. Luego, tras una política muy cuestionable, desapareció en la década de los noventa. La actual compañía es muy reducida, ya que solo produce el 35 por ciento del petróleo y el 25 por ciento de gas natural. Por lo tanto, es muy difícil que se pueda revertir la tendencia de caída de la producción solo desde YPF. Esa empresa realizó inversiones y logró frenar la caída de su tercio de producción en petróleo. En gas, sigue el declive. La acción gubernamental tardía implementada al comprar el 51 por ciento del paquete accionario de Repsol no alcanza para actuar sobre la salud del sistema. Además, esa medida se hizo a las apuradas y tuvo errores que hoy dificultan el funcionamiento del sector. Por ejemplo, se expropió la compañía por causa de utilidad pública, pero no se pagó el precio justo por eso, tal como señala la ley argentina. Eso ha generado una serie de reclamos judiciales que complican la llegada de capitales genuinos para explotar las riquezas. Además, esa operación de confiscación no fue el lanzamiento de un boom petrolero, sino que complicó aún más la situación.
-Hacía referencia a la salud del sistema energético…
-Un país que no es creíble es difícil que puede ser objeto de especial atención por parte de inversores petroleros internacionales. Para revertir tamaña situación de caída, se necesita un shock de inversiones. Hay que levantar la producción de petróleo y gas y hacer centrales hidroeléctricas, además de grandes parques eólicos que generen aproximadamente el 10 por ciento de la potencia eléctrica. Eso se podría realizar con un flujo de inversiones, que hoy no pueden salir del ahorro interno argentino. Tendrían que llegar al país inversores extranjeros que vean en la Argentina la excelente oportunidad de hacer un negocio en beneficio propio y del país. Para eso se tiene que ser previsible, lo cual no sucede. Tampoco, se accede al crédito internacional. La Argentina no es un pagador serial, como dice la Presidenta. Por ejemplo, no abonó al Club de París, lo cual significa estar en una situación litigiosa con países a los cuales habría que ir a pedir dinero. En los años que restan hasta que termine el mandato de la Presidenta, va haber más de lo mismo: más caída de la producción, más importaciones. Soy pesimista en el corto plazo, pero optimista de cara a un futuro más lejano. El 10 de diciembre de 2015, se abre la esperanza de ver si el nuevo gobierno argentino, del signo que sea, logra tener un programa que saque al sector de la postración en la que se encuentra.
-Se refirió también a los subsidios, ¿cree que no tienen que existir dentro del sector energético?
-Subsidios debe haber porque la población tiene que tener acceso a la energía. Si a un individuo se le quita ese acceso, se lo saca de la sociedad. Es un derecho humano. Hay una parte de la sociedad que no puede pagar por diversas razones. Por lo tanto, debe ser seleccionada para contar con subsidios, que tienen que estar presentes dentro de un capítulo del presupuesto nacional. La política actual es diametralmente opuesta porque subsidia a todos. En 1985, el gobierno de (Raúl) Alfonsín promovió la utilización intensiva de gas natural porque era el recurso más abundante. Eso permitió sustituir hidrocarburos líquidos y hacer maniobras interesantes para que la Argentina lograra alcanzar el autoabastecimiento de energía. Una de las herramientas fue introducir el gas comprimido en los automóviles, lo cual era mucho más barato que la nafta. Esa situación cambió: el gas ya no es barato ni abundante. Tener hoy taxis con el precio subsidiado, como si la Argentina fuera un país gasífero de costo de producción barato, es un crimen. Esos automóviles tienen que volver a funcionar a nafta. Se trata de un consumo que alcanza el 10 por ciento del total de gas. Si alguien quiere consumir gas, debe hacerlo al costo de importación. Hay que desmontar subsidios irracionales. El transporte también es otro sector subsidiado. Se da la paradoja de más subsidios, pero peores servicios.
-Desde YPF se señala que la producción de hidrocarburos no convencionales puede cambiar el futuro energético del país.
-El desarrollo de hidrocarburos no convencionales no es sincrónico con la actual crisis de fuertes importaciones que tiene el país, la cual debería haber sido prevista. El Gobierno nacional minimizó el problema y no le avisó a la población que se había terminado definitivamente la era de la energía barata. La población, por lo tanto, no se preparó. Incluso se dio un mensaje contrario. El propio equipo gubernamental no realizó importaciones eficientes sobre todo en el caso de los barcos de gas natural licuado (GNL): se está pagando actualmente un 60 o 70 por ciento más de lo que sería relativamente acorde. Se da una paradoja que creo que no ocurrió en la historia argentina: la combinación de alta ineficiencia e ineptitud, con alta continuidad del equipo energético actual, que ya lleva diez años en ejercicio. Ningún otro equipo (en el caso actual, el Ministerio de Planificación Federal y dentro de su estructura, la Secretaría de Energía de la Nación) estuvo ese tiempo al frente del sector.
-¿Qué implica para el sector el acuerdo entre YPF y Chevron?
-Como es un acuerdo secreto, no se puede dar un juicio definitivo. Una empresa que pretende ser pública no puede realizar acuerdos de ese tipo. Se debería haber dado a conocer, para saber bien cómo se reparte la renta petrolera, quiénes hacen las inversiones y si las exportaciones van a tener o no retenciones. Muy poco es lo que se conoce. YPF se estatizó con un discurso absolutamente nacionalista, y la primera acción emprendida fue un contrato con una empresa norteamericana. No estoy en contra de los contratos con empresas extranjeras, pero entiendo que deben ser transparentes. La prórroga que se realizó por 35 años a mi juicio es ilegal de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Hidrocarburos vigente (17.319).
-De hecho, usted comentaba hace instantes de la búsqueda de inversores.
-Claro. Pero, los contratos tienen que ser transparentes y conocidos. El petróleo es un bien público, imprescriptible e inalienable, según la Constitución Nacional y de las provincias. Se trata de un acuerdo entre una empresa semipública (YPF) y una extranjera para explotar una reserva teóricamente gigantesca de shale gas y shale oil.
-A partir del fracking, método de extracción utilizado para la explotación de hidrocarburos no convencionales, se generó una oposición en diversas partes del mundo. Incluso hay países que prohibieron esa técnica, al igual que algunos municipios argentinos.
-Tengo una posición favorable a la explotación de los recursos naturales. No concuerdo con que se diga sin fundamento técnico adecuado “no a las papeleras”, “no al fracking” o “no a la soja”. En la explotación de gas o petróleo no convencional, se utiliza grandes cantidades de agua, equipos y productos químicos. Por lo tanto, la operación se debe hacer bajo normativas muy exigentes, es decir, con un adecuado control del Estado nacional o provincial. Para eso se tiene que adaptar la legislación. Se debe asegurar la sustentabilidad del medio ambiente.
-Habló de alcanzar un total de 10 por ciento de generación de energía eólica. ¿Cuál es el valor actual?
-La Argentina es un país que tiene condiciones favorables para la utilización del viento. Las centrales eólicas no tienen que ser instaladas todas al mismo tiempo. Eso es positivo. Pueden ser realizadas por distintos inversores y pueden intervenir diferentes bancos. El 10 por ciento de generación es un valor asimilable para el funcionamiento de un sistema integrado. Hoy es menor al 1 por ciento. Hay que lograr una suerte de boom para que se instalen más parques eólicos.