Miguel Castro logra que la Magistratura avance en los sumarios contra dos fiscales
El intendente de Cholila, Miguel Castro habría metido fuerte presión este martes al pleno del Consejo de la Magistratura de Chubut que se reunió en Esquel, para que se proceda a investigar ahora a los fiscales que tuvieron la osadía de dar curso a la investigación penal en su contra por irregularidades en sus funciones en un procedimiento de ventas de tierras.
Lo llamativo es que de acuerdo a profusos testimonios el actual funcionario municipal habría “bajado ginetas” con argumentos varios, pero por sobre todo pre anunciado que el sería el nuevo ministro Coordinador de Martín Buzzi en reemplazo de Carlos Eliceche.
Al parecer el dato que ya había empezado a sonar por diversos operativos del dasnevismo, tendría algún dato de realidad para que un funcionario se atreva a confirmarlo en este ámbito, además de no haber sido hasta el momento desmentido oficialmente por el Gabierno, por lo que la “amenaza” habría tenido bastante éxito, tal los resultados obtenidos en la votación de los magistrados.
Entrándole al tema
Como al pasar, el doctor Dante Mario Corchuelo Blasco manifestó desde la presidencia del Consejo de la Magistratura los puntos del orden del día con medios de prensa explicando que “tenemos la elección de jueces penales, fiscales, defensores, y un caso muy interesante para los consejeros y los futuros integrantes del Consejo de la Magistratura es que tenemos que elegir al secretario permanente porque hace ya varios meses que se ha jubilado el secretario del Consejo de la Magistratura. Ya es tiempo de elegir al secretario permanente que reemplace a quienes fueron los dos consejeros permanentes que tuvo este Consejo en su historia, el doctores Lobo y Antúnez”.
Más adelante Corchuelo Blasco indicó, “después, también vamos a tener tratamiento de denuncias efectuadas en su oportunidad, algunas más antiguas y otras más nuevas: las funciones del Consejo de la Magistratura son también hacer la evaluación de los magistrados al cumplir sus tres primeros años de gestión y atender denuncias que realizan los particulares”. Bajo este marco avanzó: “vamos a tratar la denuncia del intendente de Cholila que esta como simple espectador (sic), como público, más allá de haber sido él, el presentante de la denuncia contra funcionarios. Y en esta sesión se va a dar tratamiento en la medida en que la comisión de admisibilidad tenga definido un criterio y haga la presentación formal. Están terminado de pasar en limpio el texto de la presentación, aún no se su contenido, falta que este conversada y se defina un criterio que puede ser único o con dos posturas. Y luego una vez que este presentada formalmente la vamos a someter a tratamiento en el Consejo”.
¿Fiscales sumariados?
Tras ese anticipo, los integrantes del Concejo de la Magistratura -que permanecerán con reuniones hasta mañana-, decidieron admitir los dictámenes que propician la realización de un sumario para investigar el accionar de los fiscales de Esquel, Martín Zacchino y Fernando Rivarola.
Sesión en Hotel Tehuelche a raíz de la denuncia realizada por el Intendente de Cholila, Héctor Miguel Castro, que los acusa de “persecución indebida” contra su persona.
La decisión de sumariar a los fiscales para ver si son llevados o no a juicio político se definió por votación. En cuanto al fiscal Rivarola, la votación sobre el inicio de un sumario resultó empatada en 7 y debió hacerse valer el voto doble del presidente del cuerpo, por lo que fue Corchuelo Blasco quien definió dando lugar al sumario. El sumariante en este caso, será el Consejero Popular por Sarmiento, Rubén Camarda.
En el caso del Fiscal Martín Zacchino, se analizó la denuncia de una ciudadana de identidad reservada, que después se desdijo a través de un acta, donde expresaba que no tuvo intención de denunciar a Castro y que habrá sido inducida a ello por el Fiscal Zacchino. En este trámite, la sumariante será la Consejera Silvia Alonso.
La tarea de los sumariantes será ahora, llamar a declarar al denunciante, a los denunciados, buscar pruebas, tomar declaraciones a testigos y después elaborar una conclusión en el lapso de 90 días. Luego esto será analizado por el pleno del Consejo de la Magistratura que determinará o no, mandar a juicio político a este fiscal, archivar la denuncia o mandarla al procurador general para que lo sancione.
Cuando el denunciado era Miguel Castro
Fue en 2012. La presidente del Concejo Deliberante de Cholila, Graciela Calfunao junto a sus pares del FpV, Luciano Díaz, Miguel Solís y Juan Leonardo Ocampo efectuaron una denuncia penal en el Ministerio Público Fiscal de Esquel para que ordene el urgente allanamiento y secuestros de documentación relacionada a la obra de pavimentación de la Ruta Nº 71 y su cambio de traza especialmente el expediente de Tierras N 63.760/49-644 y acumuladas del IAC, resoluciones, ordenanzas, documentación contable, administrativa, pública o privada. Además órdenes de pago, chequeras, facturas, que reflejen pagos referentes a las mismas. Se solicitó en ese entonces que la medida, en caso que el expediente no esté en el municipio, se repita en el IAC. También que idéntica medida se adoptara en la sede de la Administración Provincial de Vialidad en Rawson para conocer si hubo o no cesiones de tierras ya que no había nada de lo realizado por el Ejecutivo Municipal, documentado.
Asimismo solicitaron que con las pruebas aportadas se formule una formal y concreta imputación contra el intendente de Cholila, Héctor Miguel Castro , Javier Galindo, Daniela Roberts, Anahí Ruiz, Lucia Schmidt, Horacio Bisogni, Damián Solís, Silvia Yañez, Marina Muñoz, Edith Hermosilla, Ernesto Villagra, Nicolino Boudargam, Humberto Bonansea y Adib Eldahuk por defraudación cometida contra la Administración Pública Provincial en función de Administración Fraudulenta, en concurso ideal con violación de los deberes de funcionarios públicos en calidad de coautores.
Los hechos
Según la denuncia, los hechos se registraron en la era dasnevista, año 2005, cuando el Concejo Deliberante autorizó al municipio a que formalice los instrumentos legales con los “propietarios” de los inmuebles que fueron utilizados en el trazado de la pavimentación de la Ruta Provincial 71 en el tramo empalme ruta nacional 40.
Los ediles denunciantes explicaron en ese entonces que Castro comenzó una ronda de negociaciones con la familia Nataine quienes eran ocupantes de los inmuebles “fiscales municipales” donde pasa la Ruta 71, decretándolos como “propietarios” de esas tierras. Con esto, Castro justificó desprenderse de esos bienes públicos pagándoles a los ocupantes un sustancioso precio que no se sabe en condición de que, ya que sólo debía desafectar la superficie de la antigua traza y decretar la afectación de la nueva sin más trámites.
Más convenios
A comienzos del 2006 se rubricaron entre el intendente Castro y Nélida Nataine y Víctor Nataine un acuerdo que no se encuentra ejemplar ni registro alguno en el Concejo Deliberante. En el 2009 hay un nuevo convenio entre la municipalidad y esta familia que el Deliberante legitimó en menos de diez minutos.
En los primeros párrafos se indica que la familia Nataine es adjudicataria de 24 hectáreas en Sección el Rincón de la Colonia Mixta Cholila, “pero el Estado jamás le otorgó una escritura traslativa del dominio, por ende siempre fueron meros ocupantes”.
Fue en ese marco que los denunciantes, contundentes conocedores de las entretelas en una localidad de 2 mil habitantes como Cholila, le “sugirieron” al Ministerio Público Fiscal que averigüe los valores inmobiliarios de las tierras que el intendente como los concejales de aquella gestión han comprometido en los sucesivos acuerdos y ordenanzas que son denunciados.
Jolgorio de tierras en el paraíso de Buch Cassidi
El acuerdo del 2009 y ratificado por el HCD, la municipalidad de Cholila se desprende de 13 hectáreas, 87 áreas en la zona del Lote Mixto 15 y 17 de la Sección Río Blanco y 11 hectáreas y 13 áreas en la reserva Carlos Pellegrini (Costa Lago Mosquito).
“Para que el fiscal tenga una simple aproximación le decimos que una hectárea en Costa de Lago Mosquito oscila entre los 80 mil y 100 mil dólares. En este caso la familia Nataine resultó injustificadamente beneficiada ya que no había nada que compensar por el nuevo trazado de la Ruta 71 porque se trataba de un cambio de traza en terrenos fiscales, por ende nada indica que existiera un compromiso económico con la familia Nataine”, indicaron.
Para los ediles se quería disfrazar una lisa y llana defraudación a la administración pública y un injustificado enriquecimiento de dichos ocupantes, tal vez con extensión a otros, habilitado por el intendente Miguel Castro y avalado por los integrantes del Deliberante.
¿A propósito, donde andará esta familia ahora? ¿Y la denuncia contra Castro, fue cabalmente investigada, o solo se procede a correr a los fiscales y disciplinarlos para que quede todo en la nebulosa dasnevista, porque el origen de las graves imputaciones surgieron de cuatro concejales y una cantidad importante de testigos? ¿La limpieza del historial de Castro será parte de las condiciones del buzzismo para sumarlo a la estructura? Interrogantes que hoy claman respuestas desde la opinión pública.
Exitoso– El intendente de Cholila, Miguel Castro habría metido fuerte presión al pleno del Consejo de la Magistratura de Chubut para que se proceda a investigar ahora a los fiscales que tuvieron la osadía de dar curso a la causa penal en su contra
Acusadores acusados – Los fiscales Martín Zacchino y Fernando Rivarola serán ahora sumariados. Lo deciedorn los magistrados por votación empatada que definió Corchuelo Blasco
Todos comen – Castro había sido denunciado por concejales de Cholila por defraudación al estado, venta ilegal de tierras fiscales y posible negocio inmobiliario con dineros públicos. El intendente se habría presentado a los magistrados como el próximo ministro Coordinador de Buzzi.